NEGOCIACIONES INDIGENAS. Parte I
Que las malas experiencias nos enseñen algo es un anhelo que raramente se cumple. Se dice que lo único que realmente se aprende de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia.
El tema de las negociaciones indígenas se puso de más actualidad que nunca a raíz del acuerdo entre el Consejo de Pueblos Atacameños y la minera Rockwood, que ha suscitado no pocas críticas de parte de un sector del pueblo atacameño. Al menos los que no forman parte parte de las organizaciones formales aceptadas por el estado.
También muchos de los no indígenas, se han sumado a las críticas. Empresarios turísticos, ecologistas y finalmente personas con sentido común.
En ambos casos las quejas apuntan mayormente a la posible destrucción del Salar, o de lo que queda del Salar despues de años de depredación. También se cuestiona cual es la real representatividad y derecho de las organizaciones llamadas comunidades indigenas a negociar e incluso aprobar la mayor explotación del Salar. Además de la capacidad y habilidad de estas organizaciones, cuyos históricos dirigentes tienen más bien una trayectoria como pésimos negociadores.
Sobre ese convenio Rockwood-CPA, su gestación y la destrucción del Consejo de Pueblos que ha propiciado, vía la codicia de algunos dirigentes, entraremos en profundidad en la tercera parte de esta serie.
Hoy los atacameños tienen fama de negociantes. Mala fama, todo hay que decirlo, de negociadores medio tramposos y abusivos con los consumidores. De ahí los motes de “Luckanantay” y “Estafameños” que se escuchan con cierta frecuencia, sobre todo en lo que se refiere a cobros de arriendos, manejo de servicios básicos, etc.
Pero la relación y la transacción con el Estado y las empresas mineras y de otro tipo que manejan la zona no ha sido muy beneficiosa para los atacameños. Ahí no han sido muy buenos negociadores.
En esta primera parte revisaremos tres ejemplos. No pretendemos hacer una revisión exhaustiva. Son muchos los convenios, protocolos, acuerdos, ventas de agua, concesiones, etc. que se han realizado desde la promulgación de la ley indígena.
Estos tres casos y los que veremos en próximos capítulos tienen algo en común. Son principalmente llevadas a cabo por organizaciones indígenas aprobadas y en algunos casos, creadas por el Estado de Chile. Protagonistas principales son las organizaciones llamadas Comunidades Indígenas (son actualmente 18 en la zona de Atacama la Grande), pero también encontraremos asociaciones indigenas y por supuesto, el Consejo de Pueblos Atacameños.
En el caso de este último, hasta el año 2009 incluía a todas las comunidades indígenas del Alto Loa y de Atacama la Grande, pero luego de una serie de incidentes, se separaron en dos consejos distintos.
Allí falló la negociación.
Las comunidades indigenas del Alto Loa se integran hoy en el Consejo de Pueblos Originarios de Alto Loa, organización que agrupa a Chiu Chiu, Ayquina, Turi, Cupo, Toconce, Casapana, Conchi Viejo, Lasana, Toconce, etc. El Consejo de Pueblos Atacameños agrupa a las organizaciones llamadas comunidades indígenas del Área de Desarrollo Indigena (ADI) de Atacama La Grande, cuyo territorio es el mismo que el territorio del municipio de San Pedro de Atacama y son: San Pedro de Atacama, Socaire, Peine, Toconao, Talabre, Camar, Machuca, Río Grande, Coyo, Solcor, Sequitor-Checar, Catarpe, Larache, Yaye, Cúcuter, Solor, Quitor, Guatin.
Para quien se interese, mayor información sobre esta asociación indígena puede encontrarse en el sitio lickanantay.com
Recordemos brevemente. El estado de algún modo puso una cuña entre las dos zonas, al potenciar el proyecto de la empresa Geotérmica del Norte, que culminaría en el desastre del Tatio. Toconce y Caspana, como concesionarios de los géiseres, estaban interesados en que el proyecto fluyera. Atacama la Grande se oponía. ¿Cómo se resuelve el problema? Cada uno para su casa. Comunidades divididas, acusaciones amargas, resentimientos que hasta el día de hoy persisten.
Y la empresa Geotérmica del Norte (consorcio Enap-Enel) hoy día levanta Cerro Pabellón, libre de polvo y paja. Y de nuevo dejando atrás una comunidad dividida.
Pero vamos con los tres casos.
2012. Convenio Rockwood-Peine
Mediante este, Rockwood se comprometió a aportar 4.000 UF anuales (casi 105 millones al valor de octubre de 2016) para el “plan de desarrollo de la comunidad de Peine”, además de someterse a varias auditorias ambientales, etc. Algo muy parecido al convenio que tiene actualmente con el Consejo de Pueblos.
El convenio fue firmado el 8 de noviembre y fue entregado al sistema de Evaluación Ambiental el día 9. No les sirvió de nada porque la solicitud fue rechazada.
En ese mismo proceso de revisión, el propio municipio de San Pedro envió a ese Consejo de Ministros un lapidario informe en contra de ellos, al mismo tiempo que uno muy benevolente para una Declaración de Impacto Ambiental parecida de SQM. Lo curioso es que el informe de 12 páginas que envió la municipalidad contra Rockwood no se lo había pedido nadie y era en realidad extemporáneo. El informe sobre SQM tenía dos páginas y no alegaba lo principal: Que SQM debía presentar un Estudio y no una Declaración. Era tanta la incoherencia que el entonces presidente del Consejo de Pueblos, Antonio Cruz, lo hizo presente en una reunión de concejo municipal, en que pidió a los concejales que se pronunciaran en el tema. Obviamente no consiguió nada.
Eran los días en que SQM pisaba aun más fuerte que ahora (o era más descarado) y su rival en el Salar no tuvo muchas opciones con los ministros de la época.
Finalmente en un nuevo proceso el 2016 la ampliación de la planta de Rockwood fue aprobada y hasta donde sabemos el convenio con Peine sigue vigente.
2013. Venta de agua a SQM por parte de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de Aguas Blancas (Toconao)
La Asociación vendió a SQM 4752 m3 por día, a 55 lts/seg., por la cantidad de U$ 1.05 por m3. Hagan la matemática.
Esta venta de agua, corrompió completamente el uso original según el cual la Asociación había recibido los derechos. Gratuitos además. Agua de riego se convierte en agua para la minería. Dejando aparte los obvios problemas éticos de vender a una minera como SQM con sus antecedentes de atropellos a los derechos indígenas y ambientales, y los conflictos con la comunidad de Toconao.
Esta asociación forma parte de la Comunidad Indígena de Toconao, por lo que el acuerdo de venta tuvo que ser visado por la comunidad.
Hasta el día de hoy la negociación, el precio, etc. son discutidos al interior de Toconao, donde se produjo una división que persiste hasta ahora.
El convenio lo firmó Marlene Zuleta, actual directora del DAEM, entonces presidenta de la comunidad. Sin el consentimiento de la asamblea, según algunos comuneros. “Para los socios, una muy, muy buena ganancia. Para la causa indígena de defensa del agua, una vergüenza permanente. Y para cualquier negociación o conflicto posterior, un precedente nefasto”.Palabras de una comunera que prefiere permanecer anónima.
No mucho después la presidenta Marlene Zuleta fue expulsada de la comunidad indígena, debido a la desaparición de 11 millones de pesos. No se la acusó de robárselos, pero si de negligencia en el cuidado del patrimonio de la comunidad. Quizás el asunto de la venta del agua también pesó algo.
Desde ahí, aterrizó como directora del DAEM, llegando última en la terna, pero discrecionalmente elegida por la entonces alcaldesa Berna, en uso de sus facultades legales.
Hasta el cierre de esta edición, no conseguimos ningun miembro de la asociación que quisiera oficialmente comentar sobre el tema. Solo uno que nos recalcó que «no vendimos los derechos, sino el agua. Además, nos sobraba y se iba a perder»
2014. El Estado Chileno y CONICYT te pasan por el aro.
El Estado es la principal contraparte en las negociaciones con las organizaciones indígenas.
Y un buen ejemplo de la “buena fe” que ponen en esas negociaciones son las 36.381,02 hectáreas en el área denominada Pampa La Bola, Llano de Chajnantor, comuna de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta, para el desarrollo del proyecto “Parque Astronómico de Atacama”, que se le entregaron en concesión a CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) por 50 años, en enero de 2014.
El estado sostuvo que habían consultado a los indígenas. Los indígenas alegaron lo contrario.
Pero ahí está la concesión, otorgada y sin vuelta.
Esta entrega motivó protestas indígenas, especialmente de la comunidad de Toconao, ya que sus reivindicaciones territoriales, que vienen desde 1993, incluían 18.000 has. de ese territorio. Pero en sus protestas se quedaron solos y finalmente esa acción, hasta donde sabemos, no prosperó. Se realizaron reuniones y se proclamaron acciones a realizar, con variadas retóricas.
Sandra Berna entregó todo su apoyo en esta lucha a la comunidad: «Creo que en la consulta que se realizó quedaron mucha cosas inconclusas, porque las reuniones realizadas en conjunto con Conicyt y Bienes Nacionales se terminaron como debía, a pesar de que ambos organismos plantean que sí se realizó correctamente la consulta. Nosotros como alcaldía apoyamos a las comunidades, porque dudo de que todas estén mintiendo»
La Comunidad Indígena de Toconao manifiestó abiertamente a Conicyt y al gobierno de nuestro país que «demandará la nulidad de los instrumentos que concesionan nuestras demandas territoriales, por no hacer una consulta indígena como corresponde y no haber consentimiento previo, libre e informado. Y, por sobre todo, la existencia de acuerdos que nunca fueron de consenso con nuestras comunidades». El comunicado enviado por la comunidad, indica que ellos han estado peleando la regularización de sus tierras ancestrales por más de 20 años. “Y el Estado sigue entregando su patrimonio a empresas internacionales, mineras en tiempos ágiles marcando la inequidad y la injusticia social para con los pueblos indígenas andinos de Chile”.
Las conversaciones con las organizaciones indígenas venían al menos desde el 2005. Y según CONADI y CONACYT, si se había hecho la consulta y las comunidades si habían dado su consentimiento. Según los dirigentes de ese momento, ellos solo habían firmado hojas de asistencia. Nunca firmaron consentimientos ni aprobaciones. Esto puede ser cierto, ya que no seria la primera vez que alguna institución estatal usa esa forma de “aprobación” de sus propuestas. La cuestión queda sancionada y no importa cuantas protestas vengan, se da por hecho. Es una de las formas en que el Estado deja en letra muerta el convenio 169.
En enero de 2014, varias de las organizaciones llamadas Comunidades Indígenas sacaron una declaración pública que solo fue papel mojado y que no tuvo ninguna repercusión y ningún efecto. Esto a raíz de que se les informó de la inauguración del “Parque Astronómico Atacama”. En ese momento se entregó justamente una fotocopia de un listado de firmas y un acta de una reunión del 19 de marzo de 2010.
Naturalmente varios de esos dirigentes, en una reunión convocada al efecto, especialmente Mirta Solís y Ada Aramayo, declararon su ignorancia sobre el tema y su molestia por haber sido utilizados. En su momento, pedimos por ley de transparencia al Ministerio de Bienes nacionales, que se nos documentara esta consulta. Recibimos respuesta en marzo.
Si notan, en el pdf enviado por el Ministerio de Bienes nacionales, en cada hoja hay un número escrito con lapicera. Esta numeración nos imaginamos que se hizo para ordenar secuencialmente los papeles del legajo de este asunto. Eso quiere decir que nos enviaron una pequeña fracción de la información disponible.
Entre todos esos documentos, sobresale la resolución por unanimidad del CORE de recomendar el otorgamiento de la concesión.
El Decreto Supremo que entregaba la concesión se publicó el día 22 de octubre de 2013 en el Diario Oficial. El estado estaba tan seguro de la concesión que ya en 2012 habían lanzado una licitación para “Estudio acceso vial a Parque Astronómico Atacama”
El último intento de detener el proceso fue un recurso de protección que fue rechazado por la Corte Suprema en octubre del 2014. Por presentarlo fuera de plazo. Pero además la Corte indica que descarta la acción cautelar por considerar que no existe derecho indubitado sobre la propiedad de los terrenos. “(…) es pertinente dejar constancia de la controversia acerca del dominio de los inmuebles que han sido objeto de la concesión, pues el Estado acude a la inscripción que ampara su dominio y los actores alegan ser dueños de las tierras indígenas, conforme los artículos 63 y 64 de la Ley Indígena en virtud de un saneamiento de títulos, cuya tramitación no se ha completado, según refieren. En suma, se advierte un eventual litigio sobre tierras inscritas en el Conservador a nombre del Fisco de Chile y desde esta perspectiva, ante la ausencia de un derecho indubitado, no resulta procedente la acción de protección de garantías constitucionales pues se requiere un juicio propiamente tal que permita dilucidar y establecer las pretensiones de las partes”, afirma la sentencia en este aspecto.
Es decir, además la Corte dio un portazo a las pretensiones indígenas de propiedad sobre esas tierras.
Finalmente
Recién comenzamos esta serie. En ella iremos develando otras negociaciones y negaciones. Podemos entender a dirigentes que cometen errores. Es más raro si esos errores te traen beneficios personales. Y si esta conducta es persistente en el tiempo es aun más raro que sigas siendo considerado en las decisiones. Si estos dirigentes siempre tropiezan en la misma piedra, habría que pensar en pedirles que se dediquen a otra cosa. Lo raro es que eso no ocurra.
Quien más quien menos, si no podemos decir que cometieron dolo en sus acciones, si menoscabaron el patrimonio de sus organizaciones en niveles casi inconcebibles. Y no solo caminan tranquilamente por las calles. Sino que además son elegidos de nuevo en los mismos o parecidos cargos. Mucha mala memoria. O negación. ¿O acaso todos tienen tanto techo de vidrio que nadie se atreve a acusar?
Otra posible conclusión es que, conversando con los comuneros y gente de base de las organizaciones, nos encontramos con que casi nadie sabe de estos convenios, acuerdos y negociados. En gran parte por responsabilidad dirigencial, pero también de esos mismos comuneros y socios que no se informan ni exigen la información. Nada tan raro, si consideramos que funcionó y sigue funcionando un autoritarismo esencial, obvio si uno piensa en esos 22 años de mando único, que es el mejor caldo de cultivo para que sucedan hechos como los comentados.
La gente, creemos, tiene tendencia a tentarse. Por eso hay controles y fiscalizaciones. Eso parece estar faltando aquí. Pero en el caso de las organizaciones indígenas, explícitamente el Estado, vía CONADI, indica que NO pueden intervenir.
Todo esto es una situación compleja. Lazos familiares, amistades, tendencias al aislamiento, secretismo casi patológico, crisis de identidad, y sobre todo un vacío cultural en la parte indígena, permiten que prosperen prácticas que deberían ser castigadas. Mientras esas condiciones no vayan cambiando, veremos más negociaciones indignas.
Si uno fuera suspicaz, casi podría pensar que el Estado les da cierto poder para justamente tener a alguien al frente que justifique una negociación.
Si esto no fuera cierto, si es verdad que el Estado rara vez actúa de buena fe en estos asuntos. El caso de CONICYT es solo una muestra. Las mismas o parecidas situaciones se dan en el caso del museo arqueológico, las concesiones mineras y no hace mucho en la concesión de explotación de geotermia de Piuquenes 1 y 2, cerca de Socaire. Ahí fueron más explícitos: esta consulta es más bien un acto informativo.
Es que el famoso convenio 169 establece la necesidad de consulta, pero esta no es vinculante.
¿Y de que nos sirve saber lo malo que hemos sido para negociar?
Principalmente por lo que viene y los temas que nos esperan en el futuro. San Pedro ya no es un pueblito rural. Los servicios básicos van a colapsar si las organizaciones a cargo no toman cartas en el asunto. Eso implica negociaciones.
El estado está empeñado en conectarnos al sistema interconectado. Eso implica negociaciones.
El desarrollo inmobiliario de San Pedro se va a dispara en el futuro cercano, Hay condominios adportas y la anterior administración municipal proyectaba casi 900 sitios nuevos el 2017. Eso implica negociaciones.
La Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR) está en marcha. Si, ahí estamos nosotros. Eso implica negociaciones.
El año que viene se anuncia un nuevo intento de crear un nuevo plan regulador. Eso implica negociaciones.
Que las malas experiencias nos enseñen algo es un anhelo que raramente se cumple. Se dice que lo único que realmente se aprende de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia.
Pero nosotros creemos que si se puede aprender. Más aun si eso es cuestión de vida o muerte. Al menos para los estafameños atacameños y lo poco que queda de su cultura.
Regional
MOP presentó solución de aguas lluvias de Caspana
La iniciativa sería ejecutada al 100% con mano de obra local.
La Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas se reunió con la comunidad de Caspana junto a representantes de la Estatal Codelco, con el objetivo de presentar la alternativa más viable para dar solución a los problemas de inundación que cada invierno altiplánico debe enfrentar el sector de Pueblo Viejo de la localidad.
Esta iniciativa -desarrollada de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la propia comunidad en reuniones previas- consiste en implementar un sistema de evacuación de aguas lluvias mediante la construcción de un muro de compostería de piedra de 40 centímetros de altura en una extensión de 600 metros lineales de la quebrada, lo que permitirá que la acumulación de agua circule hacia zonas seguras, protegiendo viviendas, el patrimonio ancestral como lo es la iglesia y los cultivos de la localidad.
Esta medida fue celebrada por los vecinos, asegurando que años anteriores se han visto gravemente perjudicados por las emergencias climáticas, por lo que se requiere una intervención urgente para protegerlos del próximo invierno altiplánico.
Así lo graficó la vecina Teresa Terán, quien afirmó que “esta iniciativa es excelente, porque nosotros que vivimos en el Pueblo Viejo y sufrimos todo lo que sucedió con las últimas lluvias de 2018 que coincidió con la fiesta de la Candelaria, donde muchas personas que venían de Calama alojaron aquí y tuvieron que vivir todo lo que pasó: se derrumbaron las techumbres, el acceso al pueblo fue engorroso porque tuvieron que pasar por el río ya que no había puente y se debió hacer una pasarela provisoria porque teníamos el temor que podía seguir lloviendo”, relató Terán, quien aseguró que el proyecto es muy beneficioso debido a que el clima está cambiando y puede ser peor más adelante, lo que podría provocar derrumbes sobre las casas, lo que sería una catástrofe peor. “Yo apoyo al 100% esta iniciativa”, manifestó la pobladora de Caspana.
El proyecto, una vez socializado, avanzará mediante la conformación de una mesa de trabajo entre el MOP, la DOH y Codelco, este último como financista de los trabajos que serán desarrollados totalmente por la comunidad, privilegiando la mano de obra local y el cuidado ancestral de la zona.
El director de Obras Hidráulicas del MOP, Hrvoj Buljan, expuso que esta solución consiste en desviar el escurrimiento de aguas lluvias desde la parte alta del Pueblo Viejo para que así puedan tener un resguardo la iglesia y las vivienda que existen en la parte baja de esa ladera. “Técnicamente lo que se pretende es generar una solución similar a la que se desarrolló anteriormente por la misma gente, pero que tenga un carácter permanente y no fusible como las actuales que son parte del vestigio de soluciones anteriores. Nosotros vamos a darle la formalidad y el tecnicismo suficiente para que pueda ser permanente en el tiempo y cumpla la función requerida”, explicó Buljan.
En esta materia, la cuprífera estatal Codelco se encuentra evaluando la mejor forma para financiar el proyecto mediante un convenio. Según explicó Buljan, esto permitirá que los trabajos sean desarrollados por la misma comunidad. «Debido a las características del sector y su carácter arqueológico, es ideal que sea la misma gente de Caspana quienes realicen las obras, así además cumplimos con la solicitud de nuestro Presidente Piñera de generar empleo en todas las localidades de la región”, sostuvo la autoridad de la DOH.
Leonardo Herrera, Director de comunidad y Medioambiente del distrito norte de Codelco, puntualizó: “Los profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) nos presentaron una iniciativa interesante a desarrollar en este territorio, en conjunto con la comunidad. Hoy se nos abre un espacio para poder desarrollar una mesa técnica de trabajo donde poder evaluar, en su justa medida, los temas técnicos como también comunitarios para materializar la iniciativa en un proyecto a corto plazo que beneficie directamente a la comunidad de Caspana”.
En este sentido, el presidente de la localidad de Caspana, Crescencio Anza, valoró la solución. “Me parece bien, porque es importante para nosotros porque ya viene la lluvia, ojala no tengamos los problemas que tuvimos este año. Es importante que también haya participado Codelco en esta reunión, porque tenemos experiencia y ya hemos trabajado en conjunto”, manifestó Anza.
Las obras consideran una inversión cercana a los $100 millones a desarrollarse este año con un plazo de ejecución de 90 días. Estos trabajos contemplan mejorar el antiguo sistema de aguas lluvias, aplicando solo mortero de pega y fierros de anclaje, considerando además asesoría arqueológica, durante la ejecución, acarreo de materiales en forma manual, mano de obras del pueblo (maestros albañiles), supervisor de la comunidad, capacidad de acarreo en mula, etc.
Cabe recordar que el día 3 de febrero de 2018, a causa de las lluvias producidas en el sector alto, se activaron las quebradas aledañas al sector del Pueblo Viejo, provocando alud en 30 viviendas, daños en la Iglesia, destrucción de los accesos, afectación al sistema de agua potable rural y al sistema de riego.
Regional
MOP INICIÓ OBRAS DE EMERGENCIA EN RIBERA DE CAUCES NATURALES
Tras aumento significativo del caudal de ríos y alteraciones en el curso del agua.
MOP INICIÓ OBRAS DE EMERGENCIA EN RIBERA DE CAUCES NATURALES DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA
A comienzos de esta semana, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, inició las obras de emergencia en diferentes cauces de la Provincia del Loa que se vieron afectados por las inusuales crecidas ocurridas durante la emergencia climática sucedida en el verano.
Las obras se llevarán a cabo por dos contratos que suman una inversión que bordea los $2 mil millones financiados con fondos sectoriales. En la comuna de San Pedro de Atacama, los trabajos consistirán en la ejecución, rehabilitación y reconstrucción de gaviones en los sectores del Pukará de Quitor y Conde Duque. Además en Toconao, donde se realizará el mejoramiento de la planicie, fundaciones de las mallas dinámicas del tranque y la construcción de 200 ml de muro de piedra de encauzamiento.
En tanto, en la comuna de Calama, se abordarán los sectores del embalse Conchi y Calama, donde se reconstruirán gaviones, muros de protección y obras complementarias. En Conchi, además se contempla la construcción de nuevos gaviones en una extensión de 150 ml.
El seremi de Obras Públicas, Edgar Blanco, afirmó que las obras permitirán contener y enfrentar eventos climáticos similares o incluso de mayor envergadura a los ocurridos en febrero de este año.
“Este proyecto forma parte de una inversión importante destinada a recuperar y mejorar las condiciones de distintas obras viales, sistemas de agua potable rural, cauces, etc. que se vieron afectados en la Provincia del Loa. Este fue compromiso del Presidente y que se concretó en el anuncio realizado por nuestro Ministro Juan Andrés Fontaine, sobre un completo Plan de Reconstrucción por una suma cercana a los 14 mil millones de pesos. Con este trabajo no solo vamos recuperar las obras afectadas, vamos a reforzarlas para aumentar la seguridad de las personas”, enfatizó Blanco.
El proyecto de conservación de cauce contempla una extensión de 150 dias, finalizando en el mes de septiembre de este año de tal manera de estar mejor preparados para el próximo invierno altiplánico.
CONTEXTO
Cabe recordar que a fines del mes de Enero y principio de Febrero del presente año, el norte del país se vio afectado por intensas lluvias en las zonas pre y cordilleranas de la Región de Antofagasta, las cuales generaron un aumento considerablemente de las caudales de los ríos, generado principalmente por la activación de diversas quebradas, provocando aluviones los que contribuyeron a un aumento significativo e histórico de los caudales de los ríos de la región.
Lo anterior causó inundaciones y alteraciones de los cursos normales de aguas, generando a su paso daños a las personas, viviendas y a la infraestructura pública, fiscal y privada emplazada en diversos sectores aledaños a los cauces que se vieron alterados en su normal escurrimiento.
Los cauces, cursos de agua y afluentes del Rio Toconao y Loa, aumentaron de forma histórica sus caudales, los cuales transportaron en su recorrido material sedimentológico, vegetal, troncos y basura, provocando desbordes los que a su vez originaron anegamientos, destrucción y daños de diversos tipos en la infraestructura pública, fiscal y privada.
Con estas obras se va a salvaguardar la vida e integridad a las personas, mitigar los daños a la propiedad y mejorar la infraestructura principalmente de los cauces de los ríos Loa y San Pedro.
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol:
Directora Regional Senda Antofagasta: Amanda Roco Alvarado.
Estudio UC – SENDA estima el costo económico atribuible al consumo abusivo de alcohol en Chile en 1.5 billones de pesos anuales
- Este gasto relacionado al consumo intenso de bebidas alcohólicas representa para el país cinco veces más de lo que recauda todos los años en impuestos por la venta de estos productos.
- Las cifras reveladas en el estudio se consideran el “escenario mínimo” en el impacto que provoca el consumo abusivo de bebidas alcohólicas pues se hizo un cálculo conservador de los problemas asociados a esa conducta.
Según el Informe Mundial de Situación sobre el Alcohol y Salud 2018 de la OMS los chilenos consumen 9,3 litros de alcohol puro per cápita. Cifra por sobre el promedio del resto de los países de Latinoamérica.
Además, los estudios en Población General y Escolar del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) han evidenciado que el consumo de alcohol está normalizado en el país y que los episodios de embriaguez entre quienes declaran haber bebido durante el último mes, adultas y jóvenes, está por sobre el 50%.
La información fue proporcionada por la Directora Regional Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol) Antofagasta Amanda Roco Alvarado, quien además señaló que SENDA plantea la necesidad de cuantificar los costos para el país y para cada uno de los chilenos del consumo abusivo de alcohol. Así nace este estudio realizado entre los años 2017 y 2018 por la Universidad Católica en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez que contó también con el apoyo de instituciones internacionales: la OMS, el Centro para las Adicciones y Salud Mental de Canadá (CAMH), la Sociedad Americana del Cáncer y la Universidad de Illinois en Chicago.
Entre los datos más relevantes se observa que en 2014, 37 personas fallecieron diariamente por causas relacionadas al consumo abusivo de alcohol en el país, es decir un, 13% de las muertes registradas ese año. Una década antes de que se realizara este estudio el número de muertes asociadas al alcohol llegaba al 10%.
“Lo que el estudio calcula es el costo mínimo de las consecuencias negativas asociadas al nivel (cantidad) y patrón de consumo (intermitente excesivo) de alcohol que tienen los chilenos. Son costos directamente atribuibles al alcohol, es decir, de no estar presente el consumo, esos daños y costos no se habrían producido. Las cifras son muy conservadoras y la información local disponible para hacer las estimaciones fue bastante escasa, por lo que futuras mejoras a la metodología de estimación, solo pueden aumentar las cifras de costo”, explicó la doctora Paula Margozzini quien encabezo el equipo de trabajo para realizar este estudio.
El estudio también muestra que el costo asociado al consumo riesgoso de alcohol, si se consideran aspectos de salud, productividad laboral, crimen y violencia, entre otros, es de 1.5 billones de pesos anuales.
El director de Senda, Carlos Charme, destacó la importancia de contar con este análisis actualizado de las externalidades que genera para el país el consumo abusivo de alcohol: “Esta es una mirada integral, una radiografía de lo que está ocurriendo en Chile con el consumo abusivo de alcohol y los costos asociados, no sólo desde el punto de vista económico, sino el impacto social que éste tiene. Este estudio es un diagnóstico robusto, que nos ayuda a establecer un diálogo basado en la evidencia y que sin duda nos permite tomar decisiones como gobierno y sociedad, buscando siempre el bienestar de todos”.
Enfermedades relacionadas
Los costos directos de salud representan el 5,5% del presupuesto total del sistema de la salud público para el año en 2018 y el 220% del ingreso total por impuesto específico al alcohol recaudado durante el año 2015.
Del costo directo en atención en salud el 36,5% se debe a enfermedades cardiovasculares, el 26,5% se atribuyó a lesiones, tanto no intencionales como intencionales, y el 13,4% a enfermedades digestivas; en otro grupo de patologías están el cáncer, enfermedades perinatales y las asociadas al consumo abusivo, que llegan casi al 20%.
Los investigadores, advierten que el estudio se realizó con estimaciones muy conservadoras en todos los ámbitos, pues no estuvo disponible la información para todas las dimensiones teóricas de costos incluidas en estudios internacionales, por lo que piden considerar esto como un “escenario mínimo”. Este estudio se realizó con los últimos datos disponibles tanto de organismos públicos como privados.
La directora regional de Antofagasta además agregó, que este estudio es una mirada integral, una radiografía certera de lo que está ocurriendo en Chile con el consumo abusivo de alcohol y los costos asociados de éste. No sólo desde el punto de vista económico, sino el impacto social que éste tiene en toda la ciudadanía.
El documento, que está disponible para visualizar en el sitio web de SENDA, es un diagnóstico robusto, que nos ayuda a establecer un diálogo basado en la evidencia y que sin duda nos permite tomar decisiones como gobierno y sociedad, buscando siempre el bienestar de todos. Pero sin perder nuestro foco: Que son nuestros niños, niñas y adolescentes.
Los resultados son alarmantes, en nuestro país mueren 36 personas diariamente producto del consumo de alcohol. Ya sea por problemas de salud o algún tipo de accidente, esto representa el 13% del total de las muertes anuales en Chile. Todos somos responsables, por eso como sociedad en su conjunto debemos tomar las medidas necesarias para que esas cifras bajen desde ya.
El costo asociado al consumo de alcohol en nuestro país es de 1.5 billones de pesos anuales, de estos el 30,1% son costos directos en salud, mientras que el 52,2% son por disminución de productividad.
El consumo de alcohol es un problema hoy, pero también para el futuro de Chile. Nuestros estudios así lo demuestran. Según nuestra última encuesta de drogas en población escolar, 1 de cada 3 escolares (30%,7%) de Antofagasta bebió alcohol el último mes, mientras que el 34,4% asegura que les sería fácil conseguir alcohol.
Es por eso que debemos trabajar como sociedad, para conseguir acuerdos sociales profundos y transversales. Ese es el mandato del Presidente Sebastián Piñera, nuestro compromiso y responsabilidad como Gobierno es elaborar políticas públicas eficaces para prevenir el consumo de drogas.
¿Qué estamos haciendo? Desde SENDA estamos trabajando en todas las regiones junto a intendencias y municipios para reducir la oferta física de alcohol. Además, y una de nuestras medidas más exitosas en este sentido son los Controles Preventivos a Conductores, los conocidos alcotest. En 2018 realizamos más 8 mil controles en todo Antofagasta, este año queremos aumentar esa cifra, para evitar que conductores irresponsables pongan en riesgo sus vidas y las de los demás. Tenemos que trabajar todos juntos por cuidar a las familias chilenas, concluyó la autoridad regional.
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