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Que las malas experiencias nos enseñen algo es un anhelo que raramente se cumple. Se dice que lo único que realmente se aprende de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia.

El tema de las negociaciones indígenas se puso de más actualidad que nunca a raíz del acuerdo entre el Consejo de Pueblos Atacameños y la minera Rockwood, que ha suscitado no pocas críticas de parte de un sector del pueblo atacameño. Al menos los que no forman parte parte de las organizaciones formales aceptadas por el estado.

También muchos de los no indígenas, se han sumado a las críticas. Empresarios turísticos, ecologistas y finalmente personas con sentido común.

En ambos casos las quejas apuntan mayormente a la posible destrucción del Salar, o de lo que queda del Salar despues de años de depredación. También se cuestiona cual es la real representatividad y derecho de las organizaciones llamadas comunidades indigenas a negociar e incluso aprobar la mayor explotación del Salar. Además de la capacidad y habilidad de estas organizaciones, cuyos históricos dirigentes tienen más bien una trayectoria como pésimos negociadores.

Sobre ese convenio Rockwood-CPA, su gestación y la destrucción del Consejo de Pueblos que ha propiciado, vía la codicia de algunos dirigentes, entraremos en profundidad en la tercera parte de esta serie.

Hoy los atacameños tienen fama de negociantes. Mala fama, todo hay que decirlo, de negociadores medio tramposos y abusivos con los consumidores. De ahí los motes de “Luckanantay” y “Estafameños” que se escuchan con cierta frecuencia, sobre todo en lo que se refiere a cobros de arriendos, manejo de servicios básicos, etc.

Pero la relación y la transacción con el Estado y las empresas mineras y de otro tipo que manejan la zona no ha sido muy beneficiosa para los atacameños. Ahí no han sido muy buenos negociadores.

En esta primera parte revisaremos tres ejemplos. No pretendemos hacer una revisión exhaustiva.  Son muchos los convenios, protocolos, acuerdos, ventas de agua, concesiones, etc. que se han realizado desde la promulgación de la ley indígena.

Estos tres casos y los que veremos en próximos capítulos tienen algo en común. Son principalmente llevadas a cabo por organizaciones indígenas aprobadas y en algunos casos, creadas por el Estado de Chile. Protagonistas principales son las organizaciones llamadas Comunidades Indígenas (son actualmente 18 en la zona de Atacama la Grande), pero también encontraremos asociaciones indigenas y por supuesto, el Consejo de Pueblos Atacameños.

En el caso de este último, hasta el año 2009 incluía a todas las comunidades indígenas del Alto Loa y de Atacama la Grande, pero luego de una serie de incidentes, se separaron en dos consejos distintos.
Allí falló la negociación.

Las comunidades indigenas del Alto Loa se integran hoy en el Consejo de Pueblos Originarios de Alto Loa, organización que agrupa a Chiu Chiu, Ayquina, Turi, Cupo, Toconce, Casapana, Conchi Viejo, Lasana, Toconce, etc. El Consejo de Pueblos Atacameños agrupa a las organizaciones llamadas comunidades indígenas del Área de Desarrollo Indigena (ADI) de Atacama La Grande, cuyo territorio es el mismo que el territorio del municipio de San Pedro de Atacama y son: San Pedro de Atacama, Socaire, Peine, Toconao, Talabre, Camar, Machuca, Río Grande, Coyo, Solcor, Sequitor-Checar, Catarpe, Larache, Yaye, Cúcuter, Solor, Quitor, Guatin.

Para quien se interese, mayor información sobre esta asociación indígena puede encontrarse en el sitio lickanantay.com

Recordemos brevemente. El estado de algún modo puso una cuña entre las dos zonas, al potenciar el proyecto de la empresa Geotérmica del Norte, que culminaría en el desastre del Tatio. Toconce y Caspana, como concesionarios de los géiseres, estaban interesados en que el proyecto fluyera. Atacama la Grande se oponía. ¿Cómo se resuelve el problema? Cada uno para su casa. Comunidades divididas, acusaciones amargas, resentimientos que hasta el día de hoy persisten.
Y la empresa Geotérmica del Norte (consorcio Enap-Enel) hoy día levanta Cerro Pabellón, libre de polvo y paja. Y de nuevo dejando atrás una comunidad dividida.

Pero vamos con los tres casos.

2012. Convenio Rockwood-Peine

Mediante este, Rockwood se comprometió a aportar 4.000 UF anuales (casi 105 millones al valor de octubre de 2016) para el “plan de desarrollo de la comunidad de Peine”, además de someterse a varias auditorias ambientales, etc. Algo muy parecido al convenio que tiene actualmente con el Consejo de Pueblos.

El 2012 la compañía norteamericana Rockwood Litio (ex Sociedad Chilena del Litio), presentó una reclamación ante el Consejo de Ministros para revertir el rechazo a su proyecto, que modifica los procesos productivos y de extracción del mineral con presencia en el Salar de Atacama. El Consejo de Ministros está integrado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien lo preside además de las carteras de Salud, de Economía, Agricultura, Energía y Minería.Este documento, si bien sujeto a una cláusula de confidencialidad, fue publicado por la propia empresa, en el proceso de la solicitud. Rockwood lo presentó porque justamente una de las razones del rechazo de su Estudio eran los problemas con las comunidades indígenas.

El convenio fue firmado el 8 de noviembre y fue entregado al sistema de Evaluación Ambiental el día 9. No les sirvió de nada porque la solicitud fue rechazada.

En ese mismo proceso de revisión, el propio municipio de San Pedro envió a ese Consejo de Ministros un lapidario informe en contra de ellos, al mismo tiempo que uno muy benevolente para una Declaración de Impacto Ambiental parecida de SQM. Lo curioso es que el informe de 12 páginas que envió la municipalidad contra Rockwood no se lo había pedido nadie y era en realidad extemporáneo. El informe sobre SQM tenía dos páginas y no alegaba lo principal: Que SQM debía presentar un Estudio y no una Declaración. Era tanta la incoherencia que el entonces presidente del Consejo de Pueblos, Antonio Cruz, lo hizo presente en una reunión de concejo municipal, en que pidió a los concejales que se pronunciaran en el tema. Obviamente no consiguió nada.

Eran los días en que SQM pisaba aun más fuerte que ahora (o era más descarado) y su rival en el Salar no tuvo muchas opciones con los ministros de la época.

Finalmente en un nuevo proceso el 2016 la ampliación de la planta de Rockwood fue aprobada y hasta donde sabemos el convenio con Peine sigue vigente.

2013. Venta de agua a SQM por parte de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de Aguas Blancas (Toconao)

La Asociación vendió a SQM 4752 m3 por día, a 55 lts/seg., por la cantidad de U$ 1.05  por m3. Hagan la matemática.

Esta venta de agua, corrompió completamente el uso original según el cual la Asociación había recibido los derechos. Gratuitos además. Agua de riego se convierte en agua para la minería. Dejando aparte los obvios problemas éticos de vender a una minera como SQM con sus antecedentes de atropellos a los derechos indígenas y ambientales, y los conflictos con la comunidad de Toconao.

Esta asociación forma parte de la Comunidad Indígena de Toconao, por lo que el acuerdo de venta tuvo que ser visado por la comunidad.

Hasta el día de hoy la negociación, el precio, etc. son discutidos al interior de Toconao, donde se produjo una división que persiste hasta ahora.

El convenio lo firmó Marlene Zuleta, actual directora del DAEM, entonces presidenta de la comunidad. Sin el consentimiento de la asamblea, según algunos comuneros. “Para los socios, una muy, muy buena ganancia. Para la causa indígena de defensa del agua, una vergüenza permanente. Y para cualquier negociación o conflicto posterior, un precedente nefasto”.Palabras de una comunera que prefiere permanecer anónima.

No mucho después la presidenta Marlene Zuleta fue expulsada de la comunidad indígena, debido a la desaparición de 11 millones de pesos. No se la acusó de robárselos, pero si de negligencia en el cuidado del patrimonio de la comunidad. Quizás el asunto de la venta del agua también pesó algo.

Desde ahí, aterrizó como directora del DAEM, llegando última en la terna, pero discrecionalmente elegida por la entonces alcaldesa Berna, en uso de sus facultades legales.

Hasta el cierre de esta edición, no conseguimos ningun miembro de la asociación que quisiera oficialmente comentar sobre el tema. Solo uno que nos recalcó que “no vendimos los derechos, sino el agua. Además, nos sobraba y se iba a perder”

2014. El Estado Chileno y CONICYT te pasan por el aro.

El Estado es la principal contraparte en las negociaciones con las organizaciones indígenas.

Y un buen ejemplo de la “buena fe” que ponen en esas negociaciones son las 36.381,02 hectáreas en el área denominada Pampa La Bola, Llano de Chajnantor, comuna de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta, para el desarrollo del proyecto “Parque Astronómico de Atacama”, que se le entregaron en concesión a CONICYT  (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) por 50 años, en enero de 2014.
El estado sostuvo que habían consultado a los indígenas. Los indígenas alegaron lo contrario.
Pero ahí está la concesión, otorgada y sin vuelta.

Esta entrega motivó protestas indígenas, especialmente de la comunidad de Toconao, ya que sus reivindicaciones territoriales, que vienen desde 1993, incluían 18.000 has. de ese territorio. Pero en sus protestas se quedaron solos y finalmente esa acción, hasta donde sabemos, no prosperó. Se realizaron reuniones y se proclamaron acciones a realizar, con variadas retóricas.

Sandra Berna entregó todo su apoyo en esta lucha a la comunidad: “Creo que en la consulta que se realizó quedaron mucha cosas inconclusas, porque las reuniones realizadas en conjunto con Conicyt y Bienes Nacionales se terminaron como debía, a pesar de que ambos organismos plantean que sí se realizó correctamente la consulta. Nosotros como alcaldía apoyamos a las comunidades, porque dudo de que todas estén mintiendo”

La Comunidad Indígena de Toconao manifiestó abiertamente a Conicyt y al gobierno de nuestro país que “demandará la nulidad de los instrumentos que concesionan nuestras demandas territoriales, por no hacer una consulta indígena como corresponde y no haber consentimiento previo, libre e informado. Y, por sobre todo, la existencia de acuerdos que nunca fueron de consenso con nuestras comunidades”. El comunicado enviado por la comunidad, indica que ellos han estado peleando la regularización de sus tierras ancestrales por más de 20 años. “Y el Estado sigue entregando su patrimonio a empresas internacionales, mineras en tiempos ágiles marcando la inequidad y la injusticia social para con los pueblos indígenas andinos de Chile”.

Las conversaciones con las organizaciones indígenas venían al menos desde el 2005. Y según CONADI y CONACYT, si se había hecho la consulta y las comunidades si habían dado su consentimiento. Según los dirigentes de ese momento, ellos solo habían firmado hojas de asistencia. Nunca firmaron consentimientos ni aprobaciones. Esto puede ser cierto, ya que no seria la primera vez que alguna institución estatal usa esa forma de “aprobación” de sus propuestas. La cuestión queda sancionada y no importa cuantas protestas vengan, se da por hecho. Es una de las formas en que el Estado deja en letra muerta el convenio 169.

En enero de 2014, varias de las organizaciones llamadas Comunidades Indígenas sacaron una declaración pública que solo fue papel mojado y que no tuvo ninguna repercusión y ningún efecto. Esto a raíz de que se les informó de la inauguración del “Parque Astronómico Atacama”. En ese momento se entregó justamente una fotocopia de un listado de firmas y un acta de una reunión del 19 de marzo de 2010.

Naturalmente varios de esos dirigentes, en una reunión convocada al efecto, especialmente Mirta Solís y Ada Aramayo, declararon su ignorancia sobre el tema y su molestia por haber sido utilizados. En su momento, pedimos por ley de transparencia al Ministerio de Bienes nacionales, que se nos documentara esta consulta. Recibimos respuesta en marzo.

Si notan, en el pdf enviado por el Ministerio de Bienes nacionales, en cada hoja hay un número escrito con lapicera. Esta numeración nos imaginamos que se hizo para ordenar secuencialmente los papeles del legajo de este asunto. Eso quiere decir que nos enviaron una pequeña fracción de la información disponible.

Entre todos esos documentos, sobresale la resolución por unanimidad del CORE de recomendar el otorgamiento de la concesión.

El Decreto Supremo que entregaba la concesión se publicó el día 22 de octubre de 2013 en el Diario Oficial. El estado estaba tan seguro de la concesión que ya en 2012 habían lanzado una licitación para “Estudio acceso vial a Parque Astronómico Atacama”

El último intento de detener el proceso fue un recurso de protección que fue rechazado por la Corte Suprema en octubre del 2014. Por presentarlo fuera de plazo. Pero además la Corte indica que descarta la acción cautelar por considerar que no existe derecho indubitado sobre la propiedad de los terrenos. “(…) es pertinente dejar constancia de la controversia acerca del dominio de los inmuebles que han sido objeto de la concesión, pues el Estado acude a la inscripción que ampara su dominio y los actores alegan ser dueños de las tierras indígenas, conforme los artículos 63 y 64 de la Ley Indígena en virtud de un saneamiento de títulos, cuya tramitación no se ha completado, según refieren. En suma, se advierte un eventual litigio sobre tierras inscritas en el Conservador a nombre del Fisco de Chile y desde esta perspectiva, ante la ausencia de un derecho indubitado, no resulta procedente la acción de protección de garantías constitucionales pues se requiere un juicio propiamente tal que permita dilucidar y establecer las pretensiones de las partes”, afirma la sentencia en este aspecto.

Es decir, además la Corte dio un portazo a las pretensiones indígenas de propiedad sobre esas tierras.

Finalmente

Recién comenzamos esta serie. En ella iremos develando otras negociaciones y negaciones. Podemos entender a dirigentes que cometen errores. Es más raro si esos errores te traen beneficios personales. Y si esta conducta es persistente en el tiempo es aun más raro que sigas siendo considerado en las decisiones. Si estos dirigentes siempre tropiezan en la misma piedra, habría que pensar en pedirles que se dediquen a otra cosa. Lo raro es que eso no ocurra.
Quien más quien menos, si no podemos decir que cometieron dolo en sus acciones, si menoscabaron el patrimonio de sus organizaciones en niveles casi inconcebibles. Y no solo caminan tranquilamente por las calles. Sino que además son elegidos de nuevo en los mismos o parecidos cargos. Mucha mala memoria. O negación. ¿O acaso todos tienen tanto techo de vidrio que nadie se atreve a acusar?

Otra posible conclusión es que, conversando con los comuneros y gente de base de las organizaciones, nos encontramos con que casi nadie sabe de estos convenios, acuerdos y negociados. En gran parte por responsabilidad dirigencial, pero también de esos mismos comuneros y socios que no se informan ni exigen la información. Nada tan raro, si consideramos que funcionó y sigue funcionando un autoritarismo esencial, obvio si uno piensa en esos 22 años de mando único, que es el mejor caldo de cultivo para que sucedan hechos como los comentados.

La gente, creemos, tiene tendencia a tentarse. Por eso hay controles y fiscalizaciones. Eso parece estar faltando aquí. Pero en el caso de las organizaciones indígenas, explícitamente el Estado, vía CONADI, indica que NO pueden intervenir.

Todo esto es una situación compleja. Lazos familiares, amistades, tendencias al aislamiento, secretismo casi patológico, crisis de identidad, y sobre todo un vacío cultural en la parte indígena, permiten que prosperen prácticas que deberían ser castigadas. Mientras esas condiciones no vayan cambiando, veremos más negociaciones indignas.

Si uno fuera suspicaz, casi podría pensar que el Estado les da cierto poder para justamente tener a alguien al frente que justifique una negociación.

Si esto no fuera cierto, si es verdad que el Estado rara vez actúa de buena fe en estos asuntos. El caso de CONICYT es solo una muestra. Las mismas o parecidas situaciones se dan en el caso del museo arqueológico, las concesiones mineras y no hace mucho en la concesión de explotación de geotermia de Piuquenes 1 y 2, cerca de Socaire. Ahí fueron más explícitos: esta consulta es más bien un acto informativo.
Es que el famoso convenio 169 establece la necesidad de consulta, pero esta no es vinculante.

¿Y de que nos sirve saber lo malo que hemos sido para negociar?

Principalmente por lo que viene y los temas que nos esperan en el futuro. San Pedro ya no es un pueblito rural. Los servicios básicos van a colapsar si las organizaciones a cargo no toman cartas en el asunto. Eso implica negociaciones.
El estado está empeñado en conectarnos al sistema interconectado. Eso implica negociaciones.
El desarrollo inmobiliario de San Pedro se va a dispara en el futuro cercano, Hay condominios adportas y la anterior administración municipal proyectaba casi 900 sitios nuevos el 2017. Eso implica negociaciones.
La Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR) está en marcha. Si, ahí estamos nosotros. Eso implica negociaciones.
El año que viene se anuncia un nuevo intento de crear un nuevo plan regulador. Eso implica negociaciones.

Que las malas experiencias nos enseñen algo es un anhelo que raramente se cumple. Se dice que lo único que realmente se aprende de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia.

Pero nosotros creemos que si se puede aprender. Más aun si eso es cuestión de vida o muerte. Al menos para los estafameños atacameños y lo poco que queda de su cultura.

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Regional

Estudio UC – Senda estima costo económico atribuible al abuso del consumo del alcohol

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Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol:

Directora Regional Senda Antofagasta: Amanda Roco Alvarado.

Estudio UC – SENDA estima el costo económico atribuible al consumo abusivo de alcohol en Chile en 1.5 billones de pesos anuales

  • Este gasto relacionado al consumo intenso de bebidas alcohólicas representa para el país cinco veces más de lo que recauda todos los años en impuestos por la venta de estos productos.
  • Las cifras reveladas en el estudio se consideran el “escenario mínimo” en el impacto que provoca el consumo abusivo de bebidas alcohólicas pues se hizo un cálculo conservador de los problemas asociados a esa conducta.

 

Según el Informe Mundial de Situación sobre el Alcohol y Salud 2018 de la OMS los chilenos consumen 9,3 litros de alcohol puro per cápita. Cifra por sobre el promedio del resto de los países de Latinoamérica.

Además, los estudios en Población General y Escolar del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) han evidenciado que el consumo de alcohol está normalizado en el país y que los episodios de embriaguez entre quienes declaran haber bebido durante el último mes, adultas y jóvenes, está por sobre el 50%.

La información fue proporcionada por la Directora Regional Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol) Antofagasta Amanda Roco Alvarado, quien además señaló que SENDA plantea la necesidad de cuantificar los costos para el país y para cada uno de los chilenos del consumo abusivo de alcohol. Así nace este estudio realizado entre los años 2017 y 2018 por la Universidad Católica en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez que contó también con el apoyo de instituciones internacionales: la OMS, el Centro para las Adicciones y Salud Mental de Canadá (CAMH), la Sociedad Americana del Cáncer y la Universidad de Illinois en Chicago.

Entre los datos más relevantes se observa que en 2014, 37 personas fallecieron diariamente por causas relacionadas al consumo abusivo de alcohol en el país, es decir un, 13% de las muertes registradas ese año. Una década antes de que se realizara este estudio el número de muertes asociadas al alcohol llegaba al 10%.

“Lo que el estudio calcula es el costo mínimo de las consecuencias negativas asociadas al nivel (cantidad) y patrón de consumo (intermitente excesivo) de alcohol que tienen los chilenos. Son costos directamente atribuibles al alcohol, es decir, de no estar presente el consumo, esos daños y costos no se habrían producido. Las cifras son muy conservadoras y la información local disponible para hacer las estimaciones fue bastante escasa, por lo que futuras mejoras a la metodología de estimación, solo pueden aumentar las cifras de costo”, explicó la doctora Paula Margozzini quien encabezo el equipo de trabajo para realizar este estudio.

El estudio también muestra que el costo asociado al consumo riesgoso de alcohol, si se consideran aspectos de salud, productividad laboral, crimen y violencia, entre otros, es de 1.5 billones de pesos anuales.

El director de Senda, Carlos Charme, destacó la importancia de contar con este análisis actualizado de las externalidades que genera para el país el consumo abusivo de alcohol: “Esta es una mirada integral, una radiografía de lo que está ocurriendo en Chile con el consumo abusivo de alcohol y los costos asociados, no sólo desde el punto de vista económico, sino el impacto social que éste tiene. Este estudio es un diagnóstico robusto, que nos ayuda a establecer un diálogo basado en la evidencia y que sin duda nos permite tomar decisiones como gobierno y sociedad, buscando siempre el bienestar de todos”.

Enfermedades relacionadas

Los costos directos de salud representan el 5,5% del presupuesto total del sistema de la salud público para el año en 2018 y el 220% del ingreso total por impuesto específico al alcohol recaudado durante el año 2015.

 

Del costo directo en atención en salud el 36,5% se debe a enfermedades cardiovasculares, el 26,5% se atribuyó a lesiones, tanto no intencionales como intencionales, y el 13,4% a enfermedades digestivas; en otro grupo de patologías están el cáncer, enfermedades perinatales y las asociadas al consumo abusivo, que llegan casi al 20%.

Los investigadores, advierten que el estudio se realizó con estimaciones muy conservadoras en todos los ámbitos, pues no estuvo disponible la información para todas las dimensiones teóricas de costos incluidas en estudios internacionales, por lo que piden considerar esto como un “escenario mínimo”. Este estudio se realizó con los últimos datos disponibles tanto de organismos públicos como privados.

 

La directora regional de Antofagasta además agregó, que este estudio es una mirada integral, una radiografía certera de lo que está ocurriendo en Chile con el consumo abusivo de alcohol y los costos asociados de éste. No sólo desde el punto de vista económico, sino el impacto social que éste tiene en toda la ciudadanía.

 

El documento, que está disponible para visualizar en el sitio web de SENDA, es un diagnóstico robusto, que nos ayuda a establecer un diálogo basado en la evidencia y que sin duda nos permite tomar decisiones como gobierno y sociedad, buscando siempre el bienestar de todos. Pero sin perder nuestro foco: Que son nuestros niños, niñas y adolescentes.

 

Los resultados son alarmantes, en nuestro país mueren 36 personas diariamente producto del consumo de alcohol. Ya sea por problemas de salud o algún tipo de accidente, esto representa el 13% del total de las muertes anuales en Chile. Todos somos responsables, por eso como sociedad en su conjunto debemos tomar las medidas necesarias para que esas cifras bajen desde ya.

 

El costo asociado al consumo de alcohol en nuestro país es de 1.5 billones de pesos anuales, de estos el 30,1% son costos directos en salud, mientras que el 52,2% son por disminución de productividad.

 

El consumo de alcohol es un problema hoy, pero también para el futuro de Chile. Nuestros estudios así lo demuestran. Según nuestra última encuesta de drogas en población escolar, 1 de cada 3 escolares (30%,7%) de Antofagasta bebió alcohol el último mes, mientras que el 34,4% asegura que les sería fácil conseguir alcohol.

 

Es por eso que debemos trabajar como sociedad, para conseguir acuerdos sociales profundos y transversales. Ese es el mandato del Presidente Sebastián Piñera, nuestro compromiso y responsabilidad como Gobierno es elaborar políticas públicas eficaces para prevenir el consumo de drogas.

 

¿Qué estamos haciendo? Desde SENDA estamos trabajando en todas las regiones junto a intendencias y municipios para reducir la oferta física de alcohol. Además, y una de nuestras medidas más exitosas en este sentido son los Controles Preventivos a Conductores, los conocidos alcotest. En 2018 realizamos más 8 mil controles en todo Antofagasta, este año queremos aumentar esa cifra, para evitar que conductores irresponsables pongan en riesgo sus vidas y las de los demás. Tenemos que trabajar todos juntos por cuidar a las familias chilenas, concluyó la autoridad regional.

 

ESTUDIO SENDA – UC ESTIMA COSTO ECONÓMICO ATRIBUIBLE AL CONSUMO DE ALCOHOL EN CHILE EN 1.5 BILLONES DE PESOS AL AÑO

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Regional

Ministra de Energía, anuncia construcción de proyecto de energía para Macaya

Durante su visita a la región, la ministra de Energía comunicó que Macaya contará con energía eléctrica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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La ministra de Energía, Susana Jiménez, llegó hasta la localidad de Macaya, poblado ubicado a más de 100 kilómetros de Iquique, que no cuenta con energía eléctrica permanente, situación que se mantiene en distintas localidades rurales y aisladas del país.

En la ocasión, fue recibida por el alcalde de la comuna de Pozo Almonte, Richard Godoy junto a la comunidad con una tradicional Pawa en la que participó dando sus parabienes para Macaya.

Asimismo anunció la futura construcción de una planta de generación híbrida para que todo el poblado de Macaya cuente con acceso permanente a la electricidad las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Este proyecto ha sido impulsado por el Ministerio de Energía, a través de la SEREMI en coordinación con la comunidad y el Gobierno Regional, y ha contado con el apoyo del Ministerio de Bienes Nacionales en la cesión del terreno donde se espera instalar la planta de generación.

“Pienso que no podremos ser un país desarrollado hasta que cada familia chilena tenga electricidad en sus casas y pequeños emprendimientos. Es un imperativo moral que nos lleva a trabajar con mucha fuerza en el Ministerio de Energía”, afirmó la Secretaria de Estado.

Al finalizar la ceremonia, la ministra realizó un recorrido por los proyectos de energía implementados en la localidad. La electrificación de la posta y la escuela rural, y entregó un sistema de energización fotovoltaico para refrigeración comunitario que utiliza la Comunidad Indígena Quechua de Macaya, para conservar sus cosechas y faenas ganaderas, proyecto ganador del Fondo de Acceso a la Energía.

“Los proyectos constituyen un buen ejemplo de cómo es posible llegar con electricidad a sectores aislados donde no es factible la extensión de las redes eléctricas, aprovechando los recursos energéticos locales, a través de soluciones limpias y sustentables”, dijo la ministra Jiménez, quien estuvo acompañada por el gobernador del Tamarugal, Luis Tobar; el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy; la seremi de Energía, Ximena Cancino, y de Bienes Nacionales, Pilar Barrientos, entre otras autoridades regionales.

 

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Regional

Lanzan Foco Estratégico de Vinculación con el Medio

En la instancia, participaron diversos sectores sociales y públicos de la región

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Instituciones Santo Tomás sede Iquique, realizó el lanzamiento del nuevo Foco Estratégico de la Política de Vinculación con el Medio de Santo Tomás, el cual, bajo el lema de “Transformar para Impactar”, busca desarrollar y financiar iniciativas sociales que generen un impacto positivo en los adultos mayores.

La ceremonia que se desarrolló en el salón Esmeralda de nuestra casa de estudios y que reunió a autoridades regionales, académicos, estudiantes e invitados especiales, comenzó con un conversatorio organizado por Santo Tomás y el diario La Estrella, en dónde se discutió sobre la temática el adulto mayor, con el fin de buscar colectivamente soluciones orientadas a esta temática.

La actividad estuvo encabezada por la vicerrectora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones de Santo Tomás, Patricia Noda, quién junto al director de Colab de la Universidad Católica, Sebastián Gatica, expusieron sobre las miradas y proyectos que la innovación social posee dentro de esta causa.

Con respecto a esto, Patricia Noda, indicó que “estamos muy contentos por toda la gente que vino y por las organizaciones que están interesadas en el tema. Hoy comienza una nueva etapa con este foco de innovación social. Esto le da mucho significado al trabajo que hacemos en Santo Tomás, a la enseñanza que tienen nuestros estudiantes y sus procesos de aprendizajes. Felices de poder colaborar con un granito de arena a la solución de estos desafíos sociales”.

En esa línea, Sebastián Gatica, argumentó que “lo primero es felicitar a Santo Tomás. Que integre la innovación social como un eje estratégico es muy importante. Ver hoy día que se tomen espacios enfocados a ayudar a grupos vulnerables y que involucren a su comunidad académica y estudiantil, a uno lo pone muy feliz y esperanzado”.

La rectora sede Iquique de Santo Tomás, Elsa Echeverría, destacó la transversalidad que tuvo esta importante instancia. “Dentro la convocatoria hubo gente de todos los sectores y eso es lo que nos interesaba, llegar a todos. Los adultos mayores son un sector de la población que está aumentando significativamente, y que hoy lamentablemente las condiciones no están dadas para que tengan una vejez satisfactoria, feliz y confortable”.

 

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