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Medio Ambiente inicia consulta pública para la modificación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que establece las disposiciones por las cuales se rige la evaluación ambiental de proyectos.

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•      La propuesta de modificación reglamentaria es producto de un arduo trabajo realizado en el seno de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma al SEIA, integrada por gremios, ONGs, consultoras ambientales, academia y representantes del sector público, en un trabajo liderado por el Ministerio del Medio Ambiente.

•      En tanto, el ministro del Medio Ambiente explicó que los cambios buscan agilizar y hacer más eficiente el sistema, apoyando la inversión pero sin descuidar el desarrollo sustentable del país.

El Servicio de Evaluación Ambiental inició hoy el proceso de consulta pública para la modificación del DS Nº40, de 2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que establece las disposiciones por las cuales se rige la evaluación ambiental de proyectos y la participación de la comunidad en estos procesos, en conformidad a la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.

Esta propuesta reglamentaria se enmarca en el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para reformar el SEIA, que instruyó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, en abril de 2015. El mandato presidencial fue evaluar el SEIA vigente y generar propuestas para su optimización y, a la vez, el mejoramiento de la tramitación de proyectos en el SEIA; con la finalidad de lograr el desarrollo de procesos con altos estándares de calidad, más expeditos y en un marco de certeza jurídica para los titulares de los proyectos, la comunidad y los distintos servicios públicos que participan de la evaluación ambiental.

El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, explicó que las modificaciones se centran en la agenda de trabajo de la Comisión Asesora Presidencial y que con la consulta se busca promover aún más la participación ciudadana y los procesos de transparencia impulsados por la autoridad ambiental.

Además, precisó que su cartera está preocupada de la inversión: “Los cambios que estamos proponiendo buscan entregar mayor claridad respecto de qué debe y no debe ingresar al SEIA, y hacerlo más eficiente despejando aspectos que están cubiertos por permisos sectoriales para centrar la acción del sistema en lo que para nosotros es más importante: evaluar exhaustivamente el impacto ambiental de los proyectos”, explicó.

“Esto es necesario –agregó el ministro Mena– porque hoy gran parte de la evaluación de un proyecto se centra en su descripción y no en los efectos que puede generar un proyecto en el medio ambiente o en la salud de las personas. Esta propuesta busca volver al objetivo inicial del sistema, que es evaluar los impactos ambientales y las medidas necesarias para hacerse cargo de esos impactos”.

El titular de Medio Ambiente explicó que “es un proceso abierto a todas las personas, a las comunidades organizadas, organizaciones no gubernamentales, a la propia industria, a la academia, a los municipios. Todas las opiniones que se entreguen en este proceso nos ayudarán a enriquecer este reglamento”.

Finalmente, y ante versiones que indican que hubo intentos por frenar reformas al SEIA, la autoridad aclaró que iniciativas como las que estamos presentando hoy, es decir, la Consulta Pública para la modificación reglamentaria, dan muestras claras que los cambios que se persiguen son serios y de fondo, y se vienen trabajando con rigurosidad desde el año 2015.

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Elecciones en el CAPRA. No dejes esta agua correr

Con un aumento de 16% en las utilidades.

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El próximo domingo 25 de marzo son las elecciones de dirigentes del Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama CAPRA, fecha definida en una reunión del día 8 de febrero, en la que además se pretendió alargar la vigencia de la actual directiva hasta junio.

La asamblea, aunque escasa en cantidad, ya que solo llegaron como 60 socios, de un universo de alrededor de 2000, no aceptó tal solicitud y se estableció la vigencia hasta el 30 de marzo, en que debe asumir la nueva directiva que será votada este domingo.

Una novedad relativa, ya que entre los escasos candidatos (solo se inscribieron 5), pretenden repetirse la presidenta actual Sida Herrera y el tesorero actual, Rubén Martínez.

¿Por qué pidieron mayor vigencia en febrero? Principalmente, según sus explicaciones, para preparar el balance y la memoria que por ley deben entregar cada año. Si nos atenemos a la experiencia, se entiende la demora, ya que la memoria y balance del 2016 la terminaron de entregar en diciembre de 2017, completamente fuera de plazo y sentido común.

Para ser justos, la memoria estaban tratando de entregarla desde octubre, fecha en la que no se pudo entregar porque faltaba el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Finalmente en la reunión de diciembre si hubo informe de la Comisión (Formada por  Wenceslao Reyes, solo, ya que los otros miembros no se dignaron a aparecer). De todos modos, a regañadientes, la asamblea aprobó ese balance. Eso si, se pidió una auditoria completa, la que Sida Herrera se comprometió a gestionar.

Es muy importante este balance del 2017, ya que en el debiera estar consignado el despilfarro de recursos que fue la limpieza de la planta de tratamiento de aguas servidas, donde según el actual administrador Jaime Coria (Si, el ex SECPLAC de Sandra Berna) se gastaron 140 millones de pesos, debido a la urgencia del trabajo y que se arriesgaban cuantiosas multas…

Esto fue informado a regañadientes en la reunión de diciembre del 2017 en que se presentó la Memoria y Balance 2016. Este tema fue debatido ampliamente por varios de los asistentes, entre ellos Juan Bassi, empresario del transporte que demostró, con cifras, cuan lejos (para nuestro mal) de los precios del mercado nos había llevado don Jaime. No pensaremos mal, pero si bien no hubo dolo demostrable, si estamos al parecer  ante una gestión lamentable.

También esperamos que en esa Memoria y Balance del 2017 se nos explique como es que esta organización, que hasta la administración de Eva Siarez presentaba excedentes, hoy “vende mil y gasta mil”, en palabras del flamante nuevo administrador.

Esas explicaciones y otros puntos más las dejaremos entonces para el 30 de marzo, viernes santo, cuando entreguen sus cargos con la correspondiente cuenta y balance. A lo que habrá que estar muy atentos, ya que la “entrega” puede ser a ellos mismos, si ganan la elección.

En todo caso, en la ya mencionada reunión de diciembre, la actual presidenta, Sida Herrera se comprometió a llevar adelante una auditoria, buscando los fondos en la Dirección de Obras Hidráulicas, de quien dependen administrativamente los comités de agua potable rurales. Aquí se va a necesitar una asamblea empoderada para obligarla, si es que la reeligen, a cumplir su promesa.

El agua potable es una necesidad vital. Eso no debiera ser necesario tener que estar reiterándolo. Lo que está claro en San Pedro es que es la estructura la que está fallando. No se trata solo de una directiva más o menos deplorable. El problema es estructural. Somos una localidad demasiado grande para que un Comité maneje el agua y somos demasiado pequeños para integrarnos al sistema de concesiones.

Al margen de quienes componen la directiva, se echa de menos una presión mayor de los socios, que son también responsables del destino de este Comité. Sobre todo porque asistiendo a las reuniones y lo mínimo,  votando, pueden cambiar realmente el destino de esta organización.

Puede descargar la Memoria 2015 (.pdf de 3.05 Mb) AQUÍ>>
Puede descargar la Memoria y Balance 2016 (.pdf de 5.5 Mb) AQUÍ >>

Los candidatos:

– Juan García Martínez
– Macarena Suárez Balbontín.
– Mauricio Ramos Soto
– Rubén Martínez Martínez
– Sida Herrera Beltrán

La votación será en la Casa Parroquial, Gustavo Le Paige 348, al lado de la plaza de San Pedro de Atacama.
Desde las 10 a las 18 hrs.

Votan los socios del Comité (todo aquel que tiene un medidor). Para votar, lleve su cédula de identidad y la ultima boleta pagada.

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Energía conmemora el Día de la Mujer impulsando nueva Agenda de Energía y Género.

El documento busca promover una mayor participación femenina en igualdad de condiciones en el ámbito energético.

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Durante la jornada de difusión del Plan Energético Regional (PER) que fue presentado a la comunidad, se realizó un homenaje a las mujeres que han participado en las actividades regionales del sector energía.
En la oportunidad, se entregó la nueva “Agenda de Energía y Género”, documento que tiene como objetivo impulsar la participación femenina en igualdad de condiciones en el ámbito energético, o en toda esfera de la vida social, así como trabajar por cerrar las brechas de género.
Asimismo, potenciar el rol de la mujer en el desarrollo del sector energético promoviendo medidas instrumentales y estructurales, poniendo en marcha iniciativas para abrir nuevos espacios y oportunidades en el sector, empoderarlas y otorgarles mayor autonomía.
Contiene además, los logros alcanzados durante el 2017, los desafíos de la nueva Agenda de Energía y Género 2018 y un estudio de estadísticas estratégicas de género y energía.
El documento surge tras el compromiso de equidad de género presentado en el programa de Gobierno, donde el Ministerio de Energía se compromete a promover la participación de las mujeres en el sector energético a partir de la “1ra Agenda de Energía y Género”, presentada al país en marzo de 2017, ya que el sector es uno de los que ha presentado mayor desigualdad.
Se trabajó en una política para ampliar la participación de las mujeres y la equidad de género, medidas que buscan avanzar hacia ese país más equitativo, más justo y que impulse una participación en igualdad de condiciones.

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Museo destruido ¿por las puras…? Parte 2: Actores principales

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Nos quedó grande… el muro.

Decíamos en el capitulo anterior, que hubo varias manos que colaboraron en la destrucción del museo. La administración Berna no lo hizo sola. Se requirió la “colaboración” de varias entidades.

El proyecto de reposición del museo arqueológico estuvo mal desde el principio.
Sabemos que era demasiado ambicioso, fuera de todo contexto patrimonial atacameño. Sabemos incluso que se mintió, o al menos se exageró sobre las condiciones reales del edificio ahora a medio demoler.
¿Y porque no se construyó en otro lado, dado que existen muchos otros lugares, y luego se trasladó toda la colección, sin interrumpir el movimiento del museo?
¿Cuál es la justificación para que se le construyera a una institución privada como la Universidad Católica del Norte (UCN) un nuevo instituto, disimulado de almacenamiento provisorio, a un costo de 1000 millones de pesos?
Y si esa era la intención, ¿porque  no construir el nuevo museo ahí mismo, en vez de uno provisorio? Después de todo, el que se iba a reponer y fue demolido, también está en terrenos privados y hasta hoy no se ha traspasado al fisco.
¿Por qué la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) le entrego al municipio un proyecto de 9 mil millones y no le entrego uno pequeño, como es el de la restauración de la iglesia, de solo 600 millones y de menor complejidad? La iglesia, más allá de dimes y diretes, se entregó y ya está a la vista el resultado.
¿Por qué, además, se le entrega el proyecto a la municipalidad, que tiene un historial de fracasos en la ejecución de proyectos más complejos que una plaza?

Que entren los actores

La Universidad Católica del Norte

Tiempo atrás (citar) el rector de la UCN ofreció a las comunidades indígenas y al Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) traspasarles el museo. Les pidió que formaran una corporación y una fundación para recibirlo. Incluso se ofreció a ayudar en la formación de la entidad jurídica necesaria. Las organizaciones se negaron. Porque la administración del museo implicaba un desembolso de 600 millones anuales. Las entradas solo cubrían unos 200 millones, con suerte.

La condición que ponía en ese entonces la universidad era que se gestionase con el Estado para que se le construyera un edificio para su  instituto, que si es un buen negocio para la universidad, con sus doctorados. También debería negociarse el traspaso del terreno del museo, que no es propiedad de la universidad, sino de la iglesia católica.

Como vemos, con el tiempo, no entregaron el museo y tienen construido su instituto, o al menos la primera etapa. Y hasta donde sabemos, la universidad, ni la iglesia católica han desembolsado nada por esta construcción, que parece un regalo del fisco.
Y aun puede suceder que, si se llega a terminar la magna obra, de igual modo la UCN siga siendo parte de la administración.
Recuerden, la UCN es una institución privada que esta siendo beneficiada con una inversión cuyo origen son los impuestos que todos pagamos.
También se debe recordar que el año 2009, la UCN creó un plan de remodelación que solo costaba 900 millones. En ese momento se contrató a Rene Huerta, antiguo operador cultural y cercano a Sandra Berna. Desde ahí se levantó el megaproyecto de 9.000 millones, avalado por el entonces subdere Miguel Flores.

Los indígenas

Aquí nos referimos principalmente a los dirigentes de las llamadas comunidades indígenas, organizaciones aceptadas por el Estado de Chile como interlocutores válidos.
El año 2007, después de años de movilización y negociación, se consiguió que se retiraran los cuerpos de la exhibición del museo, lo que venia de la época del señor LePaige en irrespetuosa exhibición, según los indígenas.

Esa fue la última vez que las dirigencias mostraron un real compromiso con el patrimonio y la cosmovisión atacameña, al menos en el ámbito del museo.

Después de eso, la dirigencia, en general, derivó hacia intereses distintos, sobre todo corporativos. De hecho el conflicto que llevó a la UCN a hacer su ofrecimiento, escaló desde un conflicto gremial en que las organizaciones llamadas indígenas tomaron partido por los trabajadores de origen atacameño del museo.
En ese momento se sobrepuso a esto el proyecto del nuevo museo, en cuya gestación tuvo un papel primordial la municipalidad, ya que aunque Rene Huerta era un funcionario del museo, trabajaba en estrecha coordinación con Patricia Lanas, en ese tiempo aun nominalmente Directora de Obras, pero en realidad la mano derecha (e izquierda, según las malas lenguas) de Sandra Berna.
En el proceso de “consultas indígenas” que siguió, podemos rastrear las mismas formas  que se dan en otros proyectos realizados en la zona: Baja participación de las bases, encierro de los dirigentes con las autoridades, con muy poca o nula transparencia en las negociaciones. Más aun en los acuerdos.

Y los nombres de los firmantes, que después se justifican con que fueron “engañados”, se reiteran los mismos de siempre: Mirta Solís, Ada Aramayo, etc.

Luego de todas la “consultas” se aprobó el diseño, que costó 600 millones y se comenzó con el desmantelamiento del museo.
A esas alturas, las dirigencias ya reclamaban que el diseño les había sido impuesto, que la consulta no era tal, etc.
Pero ahí estaban las firmas. Con eso, la municipalidad y la SUBDERE siguieron adelante.

¿Qué consiguieron los indígenas a cambio?

Que en las labores de embalaje de las alrededor de  300.000 piezas del museo (si, no había un número exacto de cuanto había saqueado sacado LePaige) se contratara personal atacameño. Proporcionado por las dirigencias de las llamadas comunidades indígenas, a razón de dos personas por cada una.

También consiguieron que cuando se desmantelara el museo, algunos de los restos se repartieran entre ellos: hablamos de calaminas viejas, algunos fierros, palos y tabiquería, etc.

Y finalmente, consiguieron que en la organización que alguna vez va a administrar el museo, cuando se termine, los indígenas estén representados.
Si bien hasta hoy no se tiene claridad  sobre si será una fundación o una corporación, al menos por parte del Estado, que es quien define todo, se ha hablado de un directorio con dos representantes estatales, dos representantes de la UCN (si, no sueltan totalmente el control) y dos de organizaciones indígenas. Probablemente nominados por el CPA.
Si se llega a hacer efectiva esa institución, será interesante ver quienes serán los dos dignos o dignas representantes del pueblo lickanantay y cuanta influencia tendrán sobre el destino del museo.

Estas tres compensaciones dejan bien claro cuanto vale su patrimonio para las organizaciones llamadas comunidades indígenas.

El Estado de Chile: Consejo de Monumentos Nacionales

Para que este proyecto llegara a materializarse, se tuvo que sortear muchos obstáculos. Hizo falta además que muchas instituciones hicieran la vista gorda, principalmente el Consejo de Monumentos nacionales (CMN), que es quien en definitiva tiene la tuición de la “colección arqueológica” Porque esta colección pertenece la Estado de Chile. No a la UCN, no a las organizaciones llamadas comunidades indígenas. Mucho menos a los atacameños.
El CMN otorgó permisos y no fiscalizó como correspondía, debido a su falta de personal. Incluso en el proceso de armado de este proyecto, cerraron la oficina que tenían en San Pedro. Actualmente hay una “oficina técnica” en Antofagasta, a cargo de una funcionaria. Ya que como declara en su sitio web “El CMN es una institución centralizada y la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales no contempla la delegación de funciones y competencias en instancias regionales, constituyéndose un solo centro máximo de decisión de carácter nacional”

El municipio, actor principal

El principal impulsor de la reposición de museo, desde el principio. Ya en el 2010 Sandra Berna estaba promoviendo el proyecto.
La necesidad podía ser real, la colección necesitaba mayor protección y era tiempo de sacarlas de las cajas de bananas, Pero ya había alternativas menos faraónicas, menos ostentosas. Pero se eligió un diseño que no puede estar más lejos del contexto del pueblo. Un diseño que quedaría perfecto, al lado del mall de Calama, pero no en el tradicional casco urbano, contraviniendo además casi toda norma sobre la construcción en el pueblo.
Pero añadiendo el insulto a la injuria, la administración de Berna cometió los mismos errores de siempre, “corregidos” y aumentados.

Y así como la piscina municipal, el agua potable de Socaire o Camar (), etc. este proyecto, el mayor de todos, les quedó grande.

Ya vimos en el capitulo 1 (Ver aquí >>) como se atrasó y detuvo la obra.

La licitación que ganó la española Porción indicaba que el museo debía estar inaugurado el 2015. Y la relación entre la empresa y el municipio partió bien. Se construyeron las instalaciones provisorias (el instituto de la UCN) sin problemas. Pero empezaron los atrasos, con el embalaje de la colección.
En el intertanto, Procoin se adjudicó otras obras, de las cuales la más grande fue el liceo nuevo, que hace unos días se inundó, debido a que esta construido sobre el curso del río Vilama (pero esa es otra historia).
Hasta ahí, todos contentos. Mucho trabajo para atacameños, sobre todo cercanos de Sandra Berna. La recién electa concejal Marcela Ramos DC trabajó ahí. También Patricia Rodríguez, candidata DC a concejal. Luego se paró la construcción del jardín infantil de Toconao, también adjudicado a Procoin. A la empresa el municipio le entregó un diseño que tampoco calzaba con el terreno entregado.
Luego vino lo de siempre, que la licitación dice esto y que en realidad, que si te demando, que si no…
Finalmente, el desmantelamiento, paso necesario antes de la demolición para dejar vacío el terreno para la nueva construcción, además de permitir la repartija de los preciados materiales de segunda mano entre las organizaciones llamadas comunidades indígenas, fue asumida por el municipio, que contrató sin licitación a una empresa local. También colocaron ese cerco que se convirtió en el tablón de anuncios más caro del mundo.

Finalmente

Dejemos de lado algunos papeles secundarios y cameos varios: La intendencia, el Ministerio de Bienes Nacionales; el Ministerio de Medio Ambiente, que se hizo el loco con la declaración de impacto ambiental; la CONADI, que brilló por su ausencia, etc.

No hablaremos del desastre que fue esto para el patrimonio. No hablamos de la notable falta de transparencia en todo el proceso. No hablaremos del completo atropello al legado y obra de Le Paige, que aunque no nos guste nada, ameritaba una discusión al menos y no pasar al olvido sin pena ni gloria.

Pero llama la atención que hoy nadie diga nada. En días pasados, en un concejo municipal, la concejala Ramos le reclamaba al alcalde Catur por no haberle avisado del hallazgo de la momia al lado del museo (ver >>) en claro “atropello” de las prerrogativas indígenas. Pero eso ocurrió junto al mayor atropello al patrimonio atacameño, que esta a vista y paciencia de todos cada día. Sobre eso ella, ni nadie, dice ni media palabra. Nos queda la inquietud de si no será una forma en que los abuelos y los gentiles nos están avisando. Esperamos que a quienes les corresponda tomar acciones, lo haga.

El asunto del museo le quedó grande al municipio, le quedó grande al Estado, le quedó grande a las organizaciones llamadas comunidades indígenas. Nos quedó grande a todos. Y ese muro, ese muro… es el recordatorio de lo mal que se pueden hacer las cosas.

Pero esta historia aun no termina. En la tercera parte, analizaremos que es esto de la “colección” del museo. Cual es su valor científico, por ejemplo. Repasaremos el tema Procoin – Municipio con nuevos antecedentes del mal diseño de esta obra, y ciertas corrupciones, que impidieron que pudiera continuar. Y veremos lo más importante, si hay algún futuro posible para este proyecto.

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Martes 24 de Abril de 2018
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