CONTACTATE CON NOSOTROS

Regional

Museo destruido ¿por las puras…? Parte 2: Actores principales

Publicado hace

en

Nos quedó grande… el muro.

Decíamos en el capitulo anterior, que hubo varias manos que colaboraron en la destrucción del museo. La administración Berna no lo hizo sola. Se requirió la “colaboración” de varias entidades.

El proyecto de reposición del museo arqueológico estuvo mal desde el principio.
Sabemos que era demasiado ambicioso, fuera de todo contexto patrimonial atacameño. Sabemos incluso que se mintió, o al menos se exageró sobre las condiciones reales del edificio ahora a medio demoler.
¿Y porque no se construyó en otro lado, dado que existen muchos otros lugares, y luego se trasladó toda la colección, sin interrumpir el movimiento del museo?
¿Cuál es la justificación para que se le construyera a una institución privada como la Universidad Católica del Norte (UCN) un nuevo instituto, disimulado de almacenamiento provisorio, a un costo de 1000 millones de pesos?
Y si esa era la intención, ¿porque  no construir el nuevo museo ahí mismo, en vez de uno provisorio? Después de todo, el que se iba a reponer y fue demolido, también está en terrenos privados y hasta hoy no se ha traspasado al fisco.
¿Por qué la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) le entrego al municipio un proyecto de 9 mil millones y no le entrego uno pequeño, como es el de la restauración de la iglesia, de solo 600 millones y de menor complejidad? La iglesia, más allá de dimes y diretes, se entregó y ya está a la vista el resultado.
¿Por qué, además, se le entrega el proyecto a la municipalidad, que tiene un historial de fracasos en la ejecución de proyectos más complejos que una plaza?

Que entren los actores

La Universidad Católica del Norte

Tiempo atrás (citar) el rector de la UCN ofreció a las comunidades indígenas y al Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) traspasarles el museo. Les pidió que formaran una corporación y una fundación para recibirlo. Incluso se ofreció a ayudar en la formación de la entidad jurídica necesaria. Las organizaciones se negaron. Porque la administración del museo implicaba un desembolso de 600 millones anuales. Las entradas solo cubrían unos 200 millones, con suerte.

La condición que ponía en ese entonces la universidad era que se gestionase con el Estado para que se le construyera un edificio para su  instituto, que si es un buen negocio para la universidad, con sus doctorados. También debería negociarse el traspaso del terreno del museo, que no es propiedad de la universidad, sino de la iglesia católica.

Como vemos, con el tiempo, no entregaron el museo y tienen construido su instituto, o al menos la primera etapa. Y hasta donde sabemos, la universidad, ni la iglesia católica han desembolsado nada por esta construcción, que parece un regalo del fisco.
Y aun puede suceder que, si se llega a terminar la magna obra, de igual modo la UCN siga siendo parte de la administración.
Recuerden, la UCN es una institución privada que esta siendo beneficiada con una inversión cuyo origen son los impuestos que todos pagamos.
También se debe recordar que el año 2009, la UCN creó un plan de remodelación que solo costaba 900 millones. En ese momento se contrató a Rene Huerta, antiguo operador cultural y cercano a Sandra Berna. Desde ahí se levantó el megaproyecto de 9.000 millones, avalado por el entonces subdere Miguel Flores.

Los indígenas

Aquí nos referimos principalmente a los dirigentes de las llamadas comunidades indígenas, organizaciones aceptadas por el Estado de Chile como interlocutores válidos.
El año 2007, después de años de movilización y negociación, se consiguió que se retiraran los cuerpos de la exhibición del museo, lo que venia de la época del señor LePaige en irrespetuosa exhibición, según los indígenas.

Esa fue la última vez que las dirigencias mostraron un real compromiso con el patrimonio y la cosmovisión atacameña, al menos en el ámbito del museo.

Después de eso, la dirigencia, en general, derivó hacia intereses distintos, sobre todo corporativos. De hecho el conflicto que llevó a la UCN a hacer su ofrecimiento, escaló desde un conflicto gremial en que las organizaciones llamadas indígenas tomaron partido por los trabajadores de origen atacameño del museo.
En ese momento se sobrepuso a esto el proyecto del nuevo museo, en cuya gestación tuvo un papel primordial la municipalidad, ya que aunque Rene Huerta era un funcionario del museo, trabajaba en estrecha coordinación con Patricia Lanas, en ese tiempo aun nominalmente Directora de Obras, pero en realidad la mano derecha (e izquierda, según las malas lenguas) de Sandra Berna.
En el proceso de “consultas indígenas” que siguió, podemos rastrear las mismas formas  que se dan en otros proyectos realizados en la zona: Baja participación de las bases, encierro de los dirigentes con las autoridades, con muy poca o nula transparencia en las negociaciones. Más aun en los acuerdos.

Y los nombres de los firmantes, que después se justifican con que fueron “engañados”, se reiteran los mismos de siempre: Mirta Solís, Ada Aramayo, etc.

Luego de todas la “consultas” se aprobó el diseño, que costó 600 millones y se comenzó con el desmantelamiento del museo.
A esas alturas, las dirigencias ya reclamaban que el diseño les había sido impuesto, que la consulta no era tal, etc.
Pero ahí estaban las firmas. Con eso, la municipalidad y la SUBDERE siguieron adelante.

¿Qué consiguieron los indígenas a cambio?

Que en las labores de embalaje de las alrededor de  300.000 piezas del museo (si, no había un número exacto de cuanto había saqueado sacado LePaige) se contratara personal atacameño. Proporcionado por las dirigencias de las llamadas comunidades indígenas, a razón de dos personas por cada una.

También consiguieron que cuando se desmantelara el museo, algunos de los restos se repartieran entre ellos: hablamos de calaminas viejas, algunos fierros, palos y tabiquería, etc.

Y finalmente, consiguieron que en la organización que alguna vez va a administrar el museo, cuando se termine, los indígenas estén representados.
Si bien hasta hoy no se tiene claridad  sobre si será una fundación o una corporación, al menos por parte del Estado, que es quien define todo, se ha hablado de un directorio con dos representantes estatales, dos representantes de la UCN (si, no sueltan totalmente el control) y dos de organizaciones indígenas. Probablemente nominados por el CPA.
Si se llega a hacer efectiva esa institución, será interesante ver quienes serán los dos dignos o dignas representantes del pueblo lickanantay y cuanta influencia tendrán sobre el destino del museo.

Estas tres compensaciones dejan bien claro cuanto vale su patrimonio para las organizaciones llamadas comunidades indígenas.

El Estado de Chile: Consejo de Monumentos Nacionales

Para que este proyecto llegara a materializarse, se tuvo que sortear muchos obstáculos. Hizo falta además que muchas instituciones hicieran la vista gorda, principalmente el Consejo de Monumentos nacionales (CMN), que es quien en definitiva tiene la tuición de la “colección arqueológica” Porque esta colección pertenece la Estado de Chile. No a la UCN, no a las organizaciones llamadas comunidades indígenas. Mucho menos a los atacameños.
El CMN otorgó permisos y no fiscalizó como correspondía, debido a su falta de personal. Incluso en el proceso de armado de este proyecto, cerraron la oficina que tenían en San Pedro. Actualmente hay una “oficina técnica” en Antofagasta, a cargo de una funcionaria. Ya que como declara en su sitio web “El CMN es una institución centralizada y la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales no contempla la delegación de funciones y competencias en instancias regionales, constituyéndose un solo centro máximo de decisión de carácter nacional”

El municipio, actor principal

El principal impulsor de la reposición de museo, desde el principio. Ya en el 2010 Sandra Berna estaba promoviendo el proyecto.
La necesidad podía ser real, la colección necesitaba mayor protección y era tiempo de sacarlas de las cajas de bananas, Pero ya había alternativas menos faraónicas, menos ostentosas. Pero se eligió un diseño que no puede estar más lejos del contexto del pueblo. Un diseño que quedaría perfecto, al lado del mall de Calama, pero no en el tradicional casco urbano, contraviniendo además casi toda norma sobre la construcción en el pueblo.
Pero añadiendo el insulto a la injuria, la administración de Berna cometió los mismos errores de siempre, “corregidos” y aumentados.

Y así como la piscina municipal, el agua potable de Socaire o Camar (), etc. este proyecto, el mayor de todos, les quedó grande.

Ya vimos en el capitulo 1 (Ver aquí >>) como se atrasó y detuvo la obra.

La licitación que ganó la española Porción indicaba que el museo debía estar inaugurado el 2015. Y la relación entre la empresa y el municipio partió bien. Se construyeron las instalaciones provisorias (el instituto de la UCN) sin problemas. Pero empezaron los atrasos, con el embalaje de la colección.
En el intertanto, Procoin se adjudicó otras obras, de las cuales la más grande fue el liceo nuevo, que hace unos días se inundó, debido a que esta construido sobre el curso del río Vilama (pero esa es otra historia).
Hasta ahí, todos contentos. Mucho trabajo para atacameños, sobre todo cercanos de Sandra Berna. La recién electa concejal Marcela Ramos DC trabajó ahí. También Patricia Rodríguez, candidata DC a concejal. Luego se paró la construcción del jardín infantil de Toconao, también adjudicado a Procoin. A la empresa el municipio le entregó un diseño que tampoco calzaba con el terreno entregado.
Luego vino lo de siempre, que la licitación dice esto y que en realidad, que si te demando, que si no…
Finalmente, el desmantelamiento, paso necesario antes de la demolición para dejar vacío el terreno para la nueva construcción, además de permitir la repartija de los preciados materiales de segunda mano entre las organizaciones llamadas comunidades indígenas, fue asumida por el municipio, que contrató sin licitación a una empresa local. También colocaron ese cerco que se convirtió en el tablón de anuncios más caro del mundo.

Finalmente

Dejemos de lado algunos papeles secundarios y cameos varios: La intendencia, el Ministerio de Bienes Nacionales; el Ministerio de Medio Ambiente, que se hizo el loco con la declaración de impacto ambiental; la CONADI, que brilló por su ausencia, etc.

No hablaremos del desastre que fue esto para el patrimonio. No hablamos de la notable falta de transparencia en todo el proceso. No hablaremos del completo atropello al legado y obra de Le Paige, que aunque no nos guste nada, ameritaba una discusión al menos y no pasar al olvido sin pena ni gloria.

Pero llama la atención que hoy nadie diga nada. En días pasados, en un concejo municipal, la concejala Ramos le reclamaba al alcalde Catur por no haberle avisado del hallazgo de la momia al lado del museo (ver >>) en claro “atropello” de las prerrogativas indígenas. Pero eso ocurrió junto al mayor atropello al patrimonio atacameño, que esta a vista y paciencia de todos cada día. Sobre eso ella, ni nadie, dice ni media palabra. Nos queda la inquietud de si no será una forma en que los abuelos y los gentiles nos están avisando. Esperamos que a quienes les corresponda tomar acciones, lo haga.

El asunto del museo le quedó grande al municipio, le quedó grande al Estado, le quedó grande a las organizaciones llamadas comunidades indígenas. Nos quedó grande a todos. Y ese muro, ese muro… es el recordatorio de lo mal que se pueden hacer las cosas.

Pero esta historia aun no termina. En la tercera parte, analizaremos que es esto de la “colección” del museo. Cual es su valor científico, por ejemplo. Repasaremos el tema Procoin – Municipio con nuevos antecedentes del mal diseño de esta obra, y ciertas corrupciones, que impidieron que pudiera continuar. Y veremos lo más importante, si hay algún futuro posible para este proyecto.

Continuar Leyendo
Click para comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Regional

Elecciones en el CAPRA. No dejes esta agua correr

Con un aumento de 16% en las utilidades.

Published

on

Por

El próximo domingo 25 de marzo son las elecciones de dirigentes del Comité de Agua Potable Rural de San Pedro de Atacama CAPRA, fecha definida en una reunión del día 8 de febrero, en la que además se pretendió alargar la vigencia de la actual directiva hasta junio.

La asamblea, aunque escasa en cantidad, ya que solo llegaron como 60 socios, de un universo de alrededor de 2000, no aceptó tal solicitud y se estableció la vigencia hasta el 30 de marzo, en que debe asumir la nueva directiva que será votada este domingo.

Una novedad relativa, ya que entre los escasos candidatos (solo se inscribieron 5), pretenden repetirse la presidenta actual Sida Herrera y el tesorero actual, Rubén Martínez.

¿Por qué pidieron mayor vigencia en febrero? Principalmente, según sus explicaciones, para preparar el balance y la memoria que por ley deben entregar cada año. Si nos atenemos a la experiencia, se entiende la demora, ya que la memoria y balance del 2016 la terminaron de entregar en diciembre de 2017, completamente fuera de plazo y sentido común.

Para ser justos, la memoria estaban tratando de entregarla desde octubre, fecha en la que no se pudo entregar porque faltaba el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Finalmente en la reunión de diciembre si hubo informe de la Comisión (Formada por  Wenceslao Reyes, solo, ya que los otros miembros no se dignaron a aparecer). De todos modos, a regañadientes, la asamblea aprobó ese balance. Eso si, se pidió una auditoria completa, la que Sida Herrera se comprometió a gestionar.

Es muy importante este balance del 2017, ya que en el debiera estar consignado el despilfarro de recursos que fue la limpieza de la planta de tratamiento de aguas servidas, donde según el actual administrador Jaime Coria (Si, el ex SECPLAC de Sandra Berna) se gastaron 140 millones de pesos, debido a la urgencia del trabajo y que se arriesgaban cuantiosas multas…

Esto fue informado a regañadientes en la reunión de diciembre del 2017 en que se presentó la Memoria y Balance 2016. Este tema fue debatido ampliamente por varios de los asistentes, entre ellos Juan Bassi, empresario del transporte que demostró, con cifras, cuan lejos (para nuestro mal) de los precios del mercado nos había llevado don Jaime. No pensaremos mal, pero si bien no hubo dolo demostrable, si estamos al parecer  ante una gestión lamentable.

También esperamos que en esa Memoria y Balance del 2017 se nos explique como es que esta organización, que hasta la administración de Eva Siarez presentaba excedentes, hoy “vende mil y gasta mil”, en palabras del flamante nuevo administrador.

Esas explicaciones y otros puntos más las dejaremos entonces para el 30 de marzo, viernes santo, cuando entreguen sus cargos con la correspondiente cuenta y balance. A lo que habrá que estar muy atentos, ya que la “entrega” puede ser a ellos mismos, si ganan la elección.

En todo caso, en la ya mencionada reunión de diciembre, la actual presidenta, Sida Herrera se comprometió a llevar adelante una auditoria, buscando los fondos en la Dirección de Obras Hidráulicas, de quien dependen administrativamente los comités de agua potable rurales. Aquí se va a necesitar una asamblea empoderada para obligarla, si es que la reeligen, a cumplir su promesa.

El agua potable es una necesidad vital. Eso no debiera ser necesario tener que estar reiterándolo. Lo que está claro en San Pedro es que es la estructura la que está fallando. No se trata solo de una directiva más o menos deplorable. El problema es estructural. Somos una localidad demasiado grande para que un Comité maneje el agua y somos demasiado pequeños para integrarnos al sistema de concesiones.

Al margen de quienes componen la directiva, se echa de menos una presión mayor de los socios, que son también responsables del destino de este Comité. Sobre todo porque asistiendo a las reuniones y lo mínimo,  votando, pueden cambiar realmente el destino de esta organización.

Puede descargar la Memoria 2015 (.pdf de 3.05 Mb) AQUÍ>>
Puede descargar la Memoria y Balance 2016 (.pdf de 5.5 Mb) AQUÍ >>

Los candidatos:

– Juan García Martínez
– Macarena Suárez Balbontín.
– Mauricio Ramos Soto
– Rubén Martínez Martínez
– Sida Herrera Beltrán

La votación será en la Casa Parroquial, Gustavo Le Paige 348, al lado de la plaza de San Pedro de Atacama.
Desde las 10 a las 18 hrs.

Votan los socios del Comité (todo aquel que tiene un medidor). Para votar, lleve su cédula de identidad y la ultima boleta pagada.

Continue Reading

Regional

Energía conmemora el Día de la Mujer impulsando nueva Agenda de Energía y Género.

El documento busca promover una mayor participación femenina en igualdad de condiciones en el ámbito energético.

Published

on

Por

Durante la jornada de difusión del Plan Energético Regional (PER) que fue presentado a la comunidad, se realizó un homenaje a las mujeres que han participado en las actividades regionales del sector energía.
En la oportunidad, se entregó la nueva “Agenda de Energía y Género”, documento que tiene como objetivo impulsar la participación femenina en igualdad de condiciones en el ámbito energético, o en toda esfera de la vida social, así como trabajar por cerrar las brechas de género.
Asimismo, potenciar el rol de la mujer en el desarrollo del sector energético promoviendo medidas instrumentales y estructurales, poniendo en marcha iniciativas para abrir nuevos espacios y oportunidades en el sector, empoderarlas y otorgarles mayor autonomía.
Contiene además, los logros alcanzados durante el 2017, los desafíos de la nueva Agenda de Energía y Género 2018 y un estudio de estadísticas estratégicas de género y energía.
El documento surge tras el compromiso de equidad de género presentado en el programa de Gobierno, donde el Ministerio de Energía se compromete a promover la participación de las mujeres en el sector energético a partir de la “1ra Agenda de Energía y Género”, presentada al país en marzo de 2017, ya que el sector es uno de los que ha presentado mayor desigualdad.
Se trabajó en una política para ampliar la participación de las mujeres y la equidad de género, medidas que buscan avanzar hacia ese país más equitativo, más justo y que impulse una participación en igualdad de condiciones.

Continue Reading

Regional

NEGOCIACIONES INDIGENAS. Parte I

Published

on

Por

Que las malas experiencias nos enseñen algo es un anhelo que raramente se cumple. Se dice que lo único que realmente se aprende de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia.

El tema de las negociaciones indígenas se puso de más actualidad que nunca a raíz del acuerdo entre el Consejo de Pueblos Atacameños y la minera Rockwood, que ha suscitado no pocas críticas de parte de un sector del pueblo atacameño. Al menos los que no forman parte parte de las organizaciones formales aceptadas por el estado.

También muchos de los no indígenas, se han sumado a las críticas. Empresarios turísticos, ecologistas y finalmente personas con sentido común.

En ambos casos las quejas apuntan mayormente a la posible destrucción del Salar, o de lo que queda del Salar despues de años de depredación. También se cuestiona cual es la real representatividad y derecho de las organizaciones llamadas comunidades indigenas a negociar e incluso aprobar la mayor explotación del Salar. Además de la capacidad y habilidad de estas organizaciones, cuyos históricos dirigentes tienen más bien una trayectoria como pésimos negociadores.

Sobre ese convenio Rockwood-CPA, su gestación y la destrucción del Consejo de Pueblos que ha propiciado, vía la codicia de algunos dirigentes, entraremos en profundidad en la tercera parte de esta serie.

Hoy los atacameños tienen fama de negociantes. Mala fama, todo hay que decirlo, de negociadores medio tramposos y abusivos con los consumidores. De ahí los motes de “Luckanantay” y “Estafameños” que se escuchan con cierta frecuencia, sobre todo en lo que se refiere a cobros de arriendos, manejo de servicios básicos, etc.

Pero la relación y la transacción con el Estado y las empresas mineras y de otro tipo que manejan la zona no ha sido muy beneficiosa para los atacameños. Ahí no han sido muy buenos negociadores.

En esta primera parte revisaremos tres ejemplos. No pretendemos hacer una revisión exhaustiva.  Son muchos los convenios, protocolos, acuerdos, ventas de agua, concesiones, etc. que se han realizado desde la promulgación de la ley indígena.

Estos tres casos y los que veremos en próximos capítulos tienen algo en común. Son principalmente llevadas a cabo por organizaciones indígenas aprobadas y en algunos casos, creadas por el Estado de Chile. Protagonistas principales son las organizaciones llamadas Comunidades Indígenas (son actualmente 18 en la zona de Atacama la Grande), pero también encontraremos asociaciones indigenas y por supuesto, el Consejo de Pueblos Atacameños.

En el caso de este último, hasta el año 2009 incluía a todas las comunidades indígenas del Alto Loa y de Atacama la Grande, pero luego de una serie de incidentes, se separaron en dos consejos distintos.
Allí falló la negociación.

Las comunidades indigenas del Alto Loa se integran hoy en el Consejo de Pueblos Originarios de Alto Loa, organización que agrupa a Chiu Chiu, Ayquina, Turi, Cupo, Toconce, Casapana, Conchi Viejo, Lasana, Toconce, etc. El Consejo de Pueblos Atacameños agrupa a las organizaciones llamadas comunidades indígenas del Área de Desarrollo Indigena (ADI) de Atacama La Grande, cuyo territorio es el mismo que el territorio del municipio de San Pedro de Atacama y son: San Pedro de Atacama, Socaire, Peine, Toconao, Talabre, Camar, Machuca, Río Grande, Coyo, Solcor, Sequitor-Checar, Catarpe, Larache, Yaye, Cúcuter, Solor, Quitor, Guatin.

Para quien se interese, mayor información sobre esta asociación indígena puede encontrarse en el sitio lickanantay.com

Recordemos brevemente. El estado de algún modo puso una cuña entre las dos zonas, al potenciar el proyecto de la empresa Geotérmica del Norte, que culminaría en el desastre del Tatio. Toconce y Caspana, como concesionarios de los géiseres, estaban interesados en que el proyecto fluyera. Atacama la Grande se oponía. ¿Cómo se resuelve el problema? Cada uno para su casa. Comunidades divididas, acusaciones amargas, resentimientos que hasta el día de hoy persisten.
Y la empresa Geotérmica del Norte (consorcio Enap-Enel) hoy día levanta Cerro Pabellón, libre de polvo y paja. Y de nuevo dejando atrás una comunidad dividida.

Pero vamos con los tres casos.

2012. Convenio Rockwood-Peine

Mediante este, Rockwood se comprometió a aportar 4.000 UF anuales (casi 105 millones al valor de octubre de 2016) para el “plan de desarrollo de la comunidad de Peine”, además de someterse a varias auditorias ambientales, etc. Algo muy parecido al convenio que tiene actualmente con el Consejo de Pueblos.

El 2012 la compañía norteamericana Rockwood Litio (ex Sociedad Chilena del Litio), presentó una reclamación ante el Consejo de Ministros para revertir el rechazo a su proyecto, que modifica los procesos productivos y de extracción del mineral con presencia en el Salar de Atacama. El Consejo de Ministros está integrado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien lo preside además de las carteras de Salud, de Economía, Agricultura, Energía y Minería.Este documento, si bien sujeto a una cláusula de confidencialidad, fue publicado por la propia empresa, en el proceso de la solicitud. Rockwood lo presentó porque justamente una de las razones del rechazo de su Estudio eran los problemas con las comunidades indígenas.

El convenio fue firmado el 8 de noviembre y fue entregado al sistema de Evaluación Ambiental el día 9. No les sirvió de nada porque la solicitud fue rechazada.

En ese mismo proceso de revisión, el propio municipio de San Pedro envió a ese Consejo de Ministros un lapidario informe en contra de ellos, al mismo tiempo que uno muy benevolente para una Declaración de Impacto Ambiental parecida de SQM. Lo curioso es que el informe de 12 páginas que envió la municipalidad contra Rockwood no se lo había pedido nadie y era en realidad extemporáneo. El informe sobre SQM tenía dos páginas y no alegaba lo principal: Que SQM debía presentar un Estudio y no una Declaración. Era tanta la incoherencia que el entonces presidente del Consejo de Pueblos, Antonio Cruz, lo hizo presente en una reunión de concejo municipal, en que pidió a los concejales que se pronunciaran en el tema. Obviamente no consiguió nada.

Eran los días en que SQM pisaba aun más fuerte que ahora (o era más descarado) y su rival en el Salar no tuvo muchas opciones con los ministros de la época.

Finalmente en un nuevo proceso el 2016 la ampliación de la planta de Rockwood fue aprobada y hasta donde sabemos el convenio con Peine sigue vigente.

2013. Venta de agua a SQM por parte de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de Aguas Blancas (Toconao)

La Asociación vendió a SQM 4752 m3 por día, a 55 lts/seg., por la cantidad de U$ 1.05  por m3. Hagan la matemática.

Esta venta de agua, corrompió completamente el uso original según el cual la Asociación había recibido los derechos. Gratuitos además. Agua de riego se convierte en agua para la minería. Dejando aparte los obvios problemas éticos de vender a una minera como SQM con sus antecedentes de atropellos a los derechos indígenas y ambientales, y los conflictos con la comunidad de Toconao.

Esta asociación forma parte de la Comunidad Indígena de Toconao, por lo que el acuerdo de venta tuvo que ser visado por la comunidad.

Hasta el día de hoy la negociación, el precio, etc. son discutidos al interior de Toconao, donde se produjo una división que persiste hasta ahora.

El convenio lo firmó Marlene Zuleta, actual directora del DAEM, entonces presidenta de la comunidad. Sin el consentimiento de la asamblea, según algunos comuneros. “Para los socios, una muy, muy buena ganancia. Para la causa indígena de defensa del agua, una vergüenza permanente. Y para cualquier negociación o conflicto posterior, un precedente nefasto”.Palabras de una comunera que prefiere permanecer anónima.

No mucho después la presidenta Marlene Zuleta fue expulsada de la comunidad indígena, debido a la desaparición de 11 millones de pesos. No se la acusó de robárselos, pero si de negligencia en el cuidado del patrimonio de la comunidad. Quizás el asunto de la venta del agua también pesó algo.

Desde ahí, aterrizó como directora del DAEM, llegando última en la terna, pero discrecionalmente elegida por la entonces alcaldesa Berna, en uso de sus facultades legales.

Hasta el cierre de esta edición, no conseguimos ningun miembro de la asociación que quisiera oficialmente comentar sobre el tema. Solo uno que nos recalcó que “no vendimos los derechos, sino el agua. Además, nos sobraba y se iba a perder”

2014. El Estado Chileno y CONICYT te pasan por el aro.

El Estado es la principal contraparte en las negociaciones con las organizaciones indígenas.

Y un buen ejemplo de la “buena fe” que ponen en esas negociaciones son las 36.381,02 hectáreas en el área denominada Pampa La Bola, Llano de Chajnantor, comuna de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta, para el desarrollo del proyecto “Parque Astronómico de Atacama”, que se le entregaron en concesión a CONICYT  (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) por 50 años, en enero de 2014.
El estado sostuvo que habían consultado a los indígenas. Los indígenas alegaron lo contrario.
Pero ahí está la concesión, otorgada y sin vuelta.

Esta entrega motivó protestas indígenas, especialmente de la comunidad de Toconao, ya que sus reivindicaciones territoriales, que vienen desde 1993, incluían 18.000 has. de ese territorio. Pero en sus protestas se quedaron solos y finalmente esa acción, hasta donde sabemos, no prosperó. Se realizaron reuniones y se proclamaron acciones a realizar, con variadas retóricas.

Sandra Berna entregó todo su apoyo en esta lucha a la comunidad: “Creo que en la consulta que se realizó quedaron mucha cosas inconclusas, porque las reuniones realizadas en conjunto con Conicyt y Bienes Nacionales se terminaron como debía, a pesar de que ambos organismos plantean que sí se realizó correctamente la consulta. Nosotros como alcaldía apoyamos a las comunidades, porque dudo de que todas estén mintiendo”

La Comunidad Indígena de Toconao manifiestó abiertamente a Conicyt y al gobierno de nuestro país que “demandará la nulidad de los instrumentos que concesionan nuestras demandas territoriales, por no hacer una consulta indígena como corresponde y no haber consentimiento previo, libre e informado. Y, por sobre todo, la existencia de acuerdos que nunca fueron de consenso con nuestras comunidades”. El comunicado enviado por la comunidad, indica que ellos han estado peleando la regularización de sus tierras ancestrales por más de 20 años. “Y el Estado sigue entregando su patrimonio a empresas internacionales, mineras en tiempos ágiles marcando la inequidad y la injusticia social para con los pueblos indígenas andinos de Chile”.

Las conversaciones con las organizaciones indígenas venían al menos desde el 2005. Y según CONADI y CONACYT, si se había hecho la consulta y las comunidades si habían dado su consentimiento. Según los dirigentes de ese momento, ellos solo habían firmado hojas de asistencia. Nunca firmaron consentimientos ni aprobaciones. Esto puede ser cierto, ya que no seria la primera vez que alguna institución estatal usa esa forma de “aprobación” de sus propuestas. La cuestión queda sancionada y no importa cuantas protestas vengan, se da por hecho. Es una de las formas en que el Estado deja en letra muerta el convenio 169.

En enero de 2014, varias de las organizaciones llamadas Comunidades Indígenas sacaron una declaración pública que solo fue papel mojado y que no tuvo ninguna repercusión y ningún efecto. Esto a raíz de que se les informó de la inauguración del “Parque Astronómico Atacama”. En ese momento se entregó justamente una fotocopia de un listado de firmas y un acta de una reunión del 19 de marzo de 2010.

Naturalmente varios de esos dirigentes, en una reunión convocada al efecto, especialmente Mirta Solís y Ada Aramayo, declararon su ignorancia sobre el tema y su molestia por haber sido utilizados. En su momento, pedimos por ley de transparencia al Ministerio de Bienes nacionales, que se nos documentara esta consulta. Recibimos respuesta en marzo.

Si notan, en el pdf enviado por el Ministerio de Bienes nacionales, en cada hoja hay un número escrito con lapicera. Esta numeración nos imaginamos que se hizo para ordenar secuencialmente los papeles del legajo de este asunto. Eso quiere decir que nos enviaron una pequeña fracción de la información disponible.

Entre todos esos documentos, sobresale la resolución por unanimidad del CORE de recomendar el otorgamiento de la concesión.

El Decreto Supremo que entregaba la concesión se publicó el día 22 de octubre de 2013 en el Diario Oficial. El estado estaba tan seguro de la concesión que ya en 2012 habían lanzado una licitación para “Estudio acceso vial a Parque Astronómico Atacama”

El último intento de detener el proceso fue un recurso de protección que fue rechazado por la Corte Suprema en octubre del 2014. Por presentarlo fuera de plazo. Pero además la Corte indica que descarta la acción cautelar por considerar que no existe derecho indubitado sobre la propiedad de los terrenos. “(…) es pertinente dejar constancia de la controversia acerca del dominio de los inmuebles que han sido objeto de la concesión, pues el Estado acude a la inscripción que ampara su dominio y los actores alegan ser dueños de las tierras indígenas, conforme los artículos 63 y 64 de la Ley Indígena en virtud de un saneamiento de títulos, cuya tramitación no se ha completado, según refieren. En suma, se advierte un eventual litigio sobre tierras inscritas en el Conservador a nombre del Fisco de Chile y desde esta perspectiva, ante la ausencia de un derecho indubitado, no resulta procedente la acción de protección de garantías constitucionales pues se requiere un juicio propiamente tal que permita dilucidar y establecer las pretensiones de las partes”, afirma la sentencia en este aspecto.

Es decir, además la Corte dio un portazo a las pretensiones indígenas de propiedad sobre esas tierras.

Finalmente

Recién comenzamos esta serie. En ella iremos develando otras negociaciones y negaciones. Podemos entender a dirigentes que cometen errores. Es más raro si esos errores te traen beneficios personales. Y si esta conducta es persistente en el tiempo es aun más raro que sigas siendo considerado en las decisiones. Si estos dirigentes siempre tropiezan en la misma piedra, habría que pensar en pedirles que se dediquen a otra cosa. Lo raro es que eso no ocurra.
Quien más quien menos, si no podemos decir que cometieron dolo en sus acciones, si menoscabaron el patrimonio de sus organizaciones en niveles casi inconcebibles. Y no solo caminan tranquilamente por las calles. Sino que además son elegidos de nuevo en los mismos o parecidos cargos. Mucha mala memoria. O negación. ¿O acaso todos tienen tanto techo de vidrio que nadie se atreve a acusar?

Otra posible conclusión es que, conversando con los comuneros y gente de base de las organizaciones, nos encontramos con que casi nadie sabe de estos convenios, acuerdos y negociados. En gran parte por responsabilidad dirigencial, pero también de esos mismos comuneros y socios que no se informan ni exigen la información. Nada tan raro, si consideramos que funcionó y sigue funcionando un autoritarismo esencial, obvio si uno piensa en esos 22 años de mando único, que es el mejor caldo de cultivo para que sucedan hechos como los comentados.

La gente, creemos, tiene tendencia a tentarse. Por eso hay controles y fiscalizaciones. Eso parece estar faltando aquí. Pero en el caso de las organizaciones indígenas, explícitamente el Estado, vía CONADI, indica que NO pueden intervenir.

Todo esto es una situación compleja. Lazos familiares, amistades, tendencias al aislamiento, secretismo casi patológico, crisis de identidad, y sobre todo un vacío cultural en la parte indígena, permiten que prosperen prácticas que deberían ser castigadas. Mientras esas condiciones no vayan cambiando, veremos más negociaciones indignas.

Si uno fuera suspicaz, casi podría pensar que el Estado les da cierto poder para justamente tener a alguien al frente que justifique una negociación.

Si esto no fuera cierto, si es verdad que el Estado rara vez actúa de buena fe en estos asuntos. El caso de CONICYT es solo una muestra. Las mismas o parecidas situaciones se dan en el caso del museo arqueológico, las concesiones mineras y no hace mucho en la concesión de explotación de geotermia de Piuquenes 1 y 2, cerca de Socaire. Ahí fueron más explícitos: esta consulta es más bien un acto informativo.
Es que el famoso convenio 169 establece la necesidad de consulta, pero esta no es vinculante.

¿Y de que nos sirve saber lo malo que hemos sido para negociar?

Principalmente por lo que viene y los temas que nos esperan en el futuro. San Pedro ya no es un pueblito rural. Los servicios básicos van a colapsar si las organizaciones a cargo no toman cartas en el asunto. Eso implica negociaciones.
El estado está empeñado en conectarnos al sistema interconectado. Eso implica negociaciones.
El desarrollo inmobiliario de San Pedro se va a dispara en el futuro cercano, Hay condominios adportas y la anterior administración municipal proyectaba casi 900 sitios nuevos el 2017. Eso implica negociaciones.
La Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (ZICOSUR) está en marcha. Si, ahí estamos nosotros. Eso implica negociaciones.
El año que viene se anuncia un nuevo intento de crear un nuevo plan regulador. Eso implica negociaciones.

Que las malas experiencias nos enseñen algo es un anhelo que raramente se cumple. Se dice que lo único que realmente se aprende de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia.

Pero nosotros creemos que si se puede aprender. Más aun si eso es cuestión de vida o muerte. Al menos para los estafameños atacameños y lo poco que queda de su cultura.

Continue Reading
Martes 24 de Abril de 2018
  • UF: $26.993,84
  • Dólar: $600,58
  • Euro: $733,22
  • IPC: 0,20%
  • UTM: $47.301,00
  • IVP: $28.125,87
  • Imacec: 4,00%
  • TPM: 2,50%
  • Libra de Cobre: 3,15
  • Tasa de desempleo: 6,70%

ANUNCIOS

Facebook

SUSCRIBETE

twitter

SELECCIONA TU IDIOMA

Chinese (Simplified)EnglishGermanSpanish

Tendencias

Copyright © 2018 Antofagasta - Publicidad y contacto: contacto@sanpedrodeatacama.cl / WhatsAPP: +56982653092 - Desarrollado por Quality Net