En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
Durante la mañana de este martes, la Comisión Mixta despachó a la sala del Senado el proyecto que permite votaciones de octubre en dos días, específicamente el 26 y 27 de dicho mes. Ante esto, el informe entregado será votado hoy en la tarde por la sesión del Senado. Asimismo, la Cámara de Diputados y Diputadas sesionará de forma extraordinaria este miércoles a las 9:30 am. Mejoras en el proyecto Respecto a las multas por no asistir a votar, fue aprobado por mayoría una multa de entre 0,5 a 2 UTM, es decir, entre los $33.000 y $132.000 mil pesos. En cuanto a la propaganda electoral, se acordó incluir las plataformas digitales y redes sociales, además se aprobó por mayoría incluir canales regionales o locales. Cabe destacar que, en este último punto se solicitó realizar una votación por separado paraevitar que por dicho punto se caiga todo el proyecto. Finalmente, el director del Servel, Andrés Tagle señaló quela norma de los dos días también viene como una norma transitoria, en el futuro si seguimos teniendo estas elecciones, el Servel va a tener que adecuar en una cantidad de mesas y de locales.
En una sesión celebrada este martes, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Esta iniciativa, que retorna ahora a las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública, marca un hito en la legislación que regula las operaciones y procedimientos de estos cuerpos en situaciones que requieren el ejercicio de la fuerza. Entre los temas cruciales que se discutirán en el análisis en particular se encuentran el rol de la justicia militar y el principio de proporcionalidad. Estos puntos han generado debates intensos entre los legisladores, quienes buscan alcanzar consensos que fortalezcan la normativa vigente y aseguren un marco legal claro y justo para el uso de la fuerza en diversas circunstancias. El plazo para presentar indicaciones al proyecto se fijó para el 18 de julio, fecha en la que se espera que los senadores presenten sus propuestas para enriquecer el texto en su segundo trámite legislativo. El objetivo central de esta iniciativa es regular el uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus deberes, así como por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, la protección de instalaciones militares y la seguridad interior del país. Todo ello debe realizarse en estricto apego a los principios constitucionales y las leyes vigentes, asegurando el debido respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas involucradas. Antes de la votación, el senador Pedro Araya realizó un análisis exhaustivo del contenido del proyecto, subrayando la necesidad imperiosa de establecer normas claras y precisas en materia de uso de la fuerza, así como destacando los puntos que generaron mayores discrepancias entre los parlamentarios. APROBADO✅| La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas. Vuelve a las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública… pic.twitter.com/FaXuTNPXyo — Senado Chile (@Senado_Chile) June 18, 2024
En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
Durante la mañana de este martes, la Comisión Mixta despachó a la sala del Senado el proyecto que permite votaciones de octubre en dos días, específicamente el 26 y 27 de dicho mes. Ante esto, el informe entregado será votado hoy en la tarde por la sesión del Senado. Asimismo, la Cámara de Diputados y Diputadas sesionará de forma extraordinaria este miércoles a las 9:30 am. Mejoras en el proyecto Respecto a las multas por no asistir a votar, fue aprobado por mayoría una multa de entre 0,5 a 2 UTM, es decir, entre los $33.000 y $132.000 mil pesos. En cuanto a la propaganda electoral, se acordó incluir las plataformas digitales y redes sociales, además se aprobó por mayoría incluir canales regionales o locales. Cabe destacar que, en este último punto se solicitó realizar una votación por separado paraevitar que por dicho punto se caiga todo el proyecto. Finalmente, el director del Servel, Andrés Tagle señaló quela norma de los dos días también viene como una norma transitoria, en el futuro si seguimos teniendo estas elecciones, el Servel va a tener que adecuar en una cantidad de mesas y de locales.
En una sesión celebrada este martes, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Esta iniciativa, que retorna ahora a las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública, marca un hito en la legislación que regula las operaciones y procedimientos de estos cuerpos en situaciones que requieren el ejercicio de la fuerza. Entre los temas cruciales que se discutirán en el análisis en particular se encuentran el rol de la justicia militar y el principio de proporcionalidad. Estos puntos han generado debates intensos entre los legisladores, quienes buscan alcanzar consensos que fortalezcan la normativa vigente y aseguren un marco legal claro y justo para el uso de la fuerza en diversas circunstancias. El plazo para presentar indicaciones al proyecto se fijó para el 18 de julio, fecha en la que se espera que los senadores presenten sus propuestas para enriquecer el texto en su segundo trámite legislativo. El objetivo central de esta iniciativa es regular el uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus deberes, así como por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, la protección de instalaciones militares y la seguridad interior del país. Todo ello debe realizarse en estricto apego a los principios constitucionales y las leyes vigentes, asegurando el debido respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas involucradas. Antes de la votación, el senador Pedro Araya realizó un análisis exhaustivo del contenido del proyecto, subrayando la necesidad imperiosa de establecer normas claras y precisas en materia de uso de la fuerza, así como destacando los puntos que generaron mayores discrepancias entre los parlamentarios. APROBADO✅| La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas. Vuelve a las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública… pic.twitter.com/FaXuTNPXyo — Senado Chile (@Senado_Chile) June 18, 2024
